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Colegios concertados: la mayoría cobran como obligatorias cuotas que son voluntarias
Educación Infantil

Colegios concertados: la mayoría cobran como obligatorias cuotas que son voluntarias

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Hace pocos días se han presentado en la Asamblea de Madrid dos informes realizados por consultoras privadas especializadas, que demuestran que la mayoría de colegios concertados de la Comunidad de Madrid exigen a los padres un pago fijo obligatorio de forma presuntamente irregular.

Esto no es nuevo, hace años que viene sucediendo. Y no sólo sucede en Madrid, sino también en varios colegios de la geografía española, donde los centros obtienen lucro al cobrar cuotas de unos 148 euros mensuales de media (en algunos casos alcanzan los 198 euros) sin informar debidamente de su carácter no obligatorio, contraviniendo la ley orgánica del derecho a la educación.

Los dos informes presentados en la Asamble de Madrid señalan que:

  • El 77 por ciento de los colegios no menciona la voluntariedad de cuotas en la visita informativa de los padres.

  • De ellos, el 39 por ciento tampoco lo refleja por escrito, y el 23 por ciento que sí lo menciona en la visita y sí aparece reflejado por escrito, de manera verbalizada tiende a explicar que tienen carácter obligatorio, en incluso que "la Administración les obliga a ponerlo así".

  • Tan solo el 20 por ciento de los colegios analizados menciona el carácter no lucrativo de la cuota.

Por su parte, un informe de la OCU, elaborado tras visitar 160 colegios de 18 ciudades, concluye que el 91% de ellos informan a las familias de los estudiantes de Primaria de la obligación de pagar algún tipo de cuota. El mismo informe estima que el coste anual de un colegio concertado es de 3.675 euros, un 69 por ciento más caro que un colegio público.

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Uno de cada cuatro alumnos estudian en colegios concertados, una educación de la que se benefician más de dos millones de niños en España. Son centros privados que tienen un concierto con la Administración, que se encarga de subvencionar los salarios del personal docente, de administración y servicios, más los gastos ordinarios de mantenimiento y conservación, a cambio de que se impartan las enseñanzas básicas obligatorias de forma gratuita.

Los concertados solo pueden cobrar a las familias a través de dos vías: la oferta de servicios ajenos a la enseñanza obligatoria, que los padres puedan decidir si los contratan o no, y a través de donaciones voluntarias.

Lo que no se puede hacer es cobrar por actividades incluidas dentro del horario escolar, sin que se pueda renunciar a ello, o que de hacerlo, los niños sean discriminados. Tampoco puede ser que no se informe a los padres del carácter voluntario de las cuotas, presentándolas como obligatorias, ni que se les presente un desglose del pago de dichas cuotas.

¿Qué dice la ley?

Según el Artículo 14 del Real Decreto 2377/1985 por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

El concierto educativo obliga al titular del centro privado a impartir gratuitamente las enseñanzas del concierto de acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio y con sujeción a las normas de ordenación académica en vigor.

La misma ley, en su artículo 15 establece:

Las actividades escolares complementarias y de servicios de los centros concertados serán voluntarias, no tendrán carácter discriminatorio para los alumnos, no podrán formar parte del horario lectivo y carecerán de carácter lucrativo.

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¿Cuánto le cuesta un alumno a la educación concertada?

La plataforma Concertados ha elaborado un vídeo (que podéis ver a continuación) para explicar el sistema de financiación de la educación concertada.

Afirma que el coste anual de un alumno en un centro público es, de media, 6.940 euros, financiados en su totalidad por la Administración pública, según el informe anual Datos y cifras del Curso Escolar 2016-2017 del Ministerio de Educación, mientras que de un alumno en un centro concertado, la Administración financia prácticamente la mitad, menos de 2.900 euros.

Aseguran que los centros concertados reciben de la administración una parte de los gastos generales del centro, sin llegar a completarlos, así como el salario del personal docente mediante el sistema de pago delegado (si bien tanto la ratio profesor/alumno como el salario del profesorado son inferiores a los de la pública).

"Por este motivo los centros se ven obligados a solicitar aportaciones voluntarias o a organizar otras actividades que contribuyan a sufragar el total de gastos del colegio", afirman en una nota de prensa.

Colegios concertados, ¿sí o no?

Es un debate reiterado en España. Hay que recordar que los centros concertados surgieron en la década de los 80 con la idea de universalizar la educación pública y gratuita, pero al no contar con los colegios públicos suficientes ni el dinero para construirlos, encontraron una solución en los colegios privados sostenidos con fondos públicos.

España es el cuarto país de Europa con más centros concertados, después de Bélgica, Reino Unido y Malta, según datos de Eurostat.

En cuanto a calidad de educación, el análisis del informe PISA 'Más allá de Pisa' asegura que los alumnos de 15 años de los colegios públicos obtienen una puntuación media de 489 puntos, lo que supone 28 puntos menos que los estudiantes de la escuela privada (517 puntos), que equivale a casi un año de escolarización.

Los defensores de la concertada piden un gran pacto por la educación que garantice la “pluralidad y la libertad” educativa en España.

Por su parte, quienes creen que los colegios concertados deberían desaparecer como opción, sostienen que el 60 por ciento de los centros son colegios católicos, y no están de acuerdo con que sean financiados por el Estado.

No es nuevo. Volvemos a hablar de concertada sí, concertada no. Pero más allá de esto, teniendo en cuenta que es una opción más para la educación de nuestros hijos, los padres deberían tener la libertad de elegir. Lo que no puede ser es que se les engañe obligándoles a pagar cuotas que deberían ser voluntarias y optativas.

Sobre esto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León firmó un decreto en junio que puso blanco sobre negro exigiendo que "no puede haber tasas abusivas" y pidiendo que "no haya ánimo lucrativo ni obligatoriedad" en las actividades complementarias o extraescolares.

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