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Andalucía indemniza con 30.000 euros a los padres de una niña que sufrió daños durante el parto por una cesárea tardía

Andalucía indemniza con 30.000 euros a los padres de una niña que sufrió daños durante el parto por una cesárea tardía
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No dejamos de insistir en que el dinero no cura las heridas pero sí que ayuda a cuidar de la mejor manera posible a un niño enfermo y más si, como es el caso, la indemnización es una respuesta a los daños ocasionados a ese menor por una negligencia.

Una pareja denunció al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por no realizar una cesárea de urgencia, que hubiera evitado el sufrimiento fetal de su bebé con las secuelas físicas que ocasionó. El Consejo Consultivo de Andalucía les ha dado la razón y ha dictaminado que SAS debe pagar a los padres 30.000 euros.

Cinco años reclamando justicia

El 4 de septiembre de 2015 la madre acudió al Hospital Regional Universitario de Málaga, dependiente del SAS, porque estaba de parto.

Según los padres, la atención no fue adecuada ya que los médicos tomaron "la errónea decisión de no practicar cesárea urgente", lo que provocó sufrimiento fetal al bebé y daños, por los que solicitaron una indemnización de más de 1,5 millones de euros.

Según el expediente, el bebé estaba "poco reactivo" y sin dinámica desde que ingresó la madre (las 18:53 h) y las 20:45 horas, aunque la decisión de someterla a una cesárea urgente no se tomó hasta las 21.00 horas. La niña nació a las 21.20 horas.

La diferencia en la cuantía de la indemnización se debe a la falta de datos en la historia clínica, que no permite concluir con certeza la relación entre la atención recibida y el daño sufrido por el bebé.

Los padres reprochan el equipo médico que no realizara un registro cardiotocográfico y un estudio del equilibrio ácido-base, fundamentales para apreciar el bienestar fetal, aunque en la historia clínica sí se hace alusión a una de estas pruebas sin que esté documentada.

Aún así, el Consultivo señala que esta omisión genera una situación de "indefensión" en los interesados al haberse perdido una prueba documental susceptible de ser decisiva. Por eso, señala que "el daño alegado es efectivo, evaluable económicamente, individualizado, antijurídico e imputable a la administración contra la que se reclama".

Por esta razón, la indemnización se limitó a valorar el daño moral por las dudas planteadas sobre el seguimiento adecuado del bienestar del bebé, una cuantía que fijada en 30.000 euros.

Lo que no se han dado a conocer son las lesiones que la cesárea tardía ha podido provocar en la niña.

Vía | La Vanguardia

Fotos | iStock

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