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La Ministra de Educación crea polémica al hablar sobre la libertad de los padres a elegir una educación religiosa o centro de enseñanza

La Ministra de Educación crea polémica al hablar sobre la libertad de los padres a elegir una educación religiosa o centro de enseñanza
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Durante la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas celebrado ayer en Madrid, la Ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, afirmó que "el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución".

Su discurso, que fue pronunciando ante más de 2.000 representantes de escuelas católicas (el 60% concertadas), ha levantado la polémica, pues supone un duro golpe a este tipo de educación y sitúa a la escuela concertada en el punto de mira del Gobierno, una vez más.

"De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres y madres en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. De esto da cuenta la sentencia de Tribunal Constitucional de 1981".

Ante los murmullos de desconcierto que sus palabras provocaron entre los asistentes, Celaá aclaró: "No quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está dentro del artículo 27".

Su discurso fue pronunciado en el marco de la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas que se celebra en Madrid del 14 al 16 de noviembre, y que lleva por lema "#Magister. Educar para dar vida". Y en él también anunció que el Gobierno retomará la tramitación del proyecto de la nueva ley educativa, cuyo objetivo será "reforzar la equidad, la capacidad inclusiva del sistema y la excelencia"

¿Qué dice el artículo 27 de la Constitución?

Captura

El artículo 27 de la Constitución Española, al que hace referencia la Ministra de Educación, está enmarcado dentro del Título I ("De los derechos y deberes fundamentales"), Capítulo II ("Derechos y libertades"), Sección 1ª ("De los derechos fundamentales y de las libertades públicas"). En él se reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

En su apartado tercero, se reconoce el derecho de los padres a elegir la formación religiosa que deseen para sus hijos. Dice así:

  • "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones"

Por su parte, en el apartado 6 podemos leer lo siguiente:

  • "Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales".

Las reacciones ante las palabras de la Ministra

Ministra de educación Isabel Celaá

Si bien este artículo de la Constitución señala el derecho de todos los padres a elegir una educación básica gratuita y obligatoria para sus hijos, hay quien considera que debería ser revisado, con el fin de garantizar únicamente una enseñanza pública, igualitaria y laica, sin seleccionar al alumnado por nivel socioeconómico, religión o género.

En este sentido, las declaraciones de la Ministra han sido aplaudidas por varios usuarios en Twitter, quienes desean que la religión católica desaparezca de los colegios y el Estado deje de subvencionar las escuelas concertadas:

Sin embargo, sus palabras también han levantado la polémica en otro sector de la población, que considera un derecho fundamental amparado por la Constitución el que los padres puedan elegir dónde y cómo educar a sus hijos, sin imposiciones del Estado:

Escuelas Católicas también se ha pronunciado al respecto con la publicación de una nota de prensa en la que afirma "estar preocupada por la deriva de la futura reforma educativa que se deja entrever en la intervención de la Ministra".

Por su parte, la Conferencia Episcopal espera que se trate de un lapsus, pues de lo contrario "supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza".

Vía | El Mundo, El País

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