El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros celebrado hoy, el anteproyecto de la nueva Ley de Educación LOMLOE, la octava ley educativa de la democracia que derogará a la actual LOMCE, vigente desde 2013. La reforma, que ya se aprobó durante la pasada legislatura pero que no llegó a tramitarse debido a las elecciones anticipadas, pasará en las próximas semanas al Congreso para su debate parlamentario y tramitación.
La LOMLOE trae cambios significativos que afectan tanto al alumnado de todos los niveles (escuela infantil, primaria, secundaria, bachiller y FP) como a los profesores. Te avanzamos los más importantes.
Formación de los docentes
Para elevar la calidad de la enseñanza, la nueva Ley pretende "evaluar el desempeño" de los docentes, revisar la formación universitaria que reciben los nuevos profesores y ofrecer un año de prácticas tuteladas antes de que se pongan a dar clase.
Además, la Ley tiene como objetivo aumentar la autonomía de los centros y la participación en su gobierno de toda la comunidad educativa. En cuanto al funcionamiento de los centros, se apuesta por un modelo de dirección que se alinea con las recomendaciones europeas sobre esta figura. De esta forma, las comisiones de selección de nuevos directores incorporan a un director o directora experimentados y se establece una formación preceptiva con carácter previo al nombramiento como director o directora.
Educación de cero a tres años
El primer ciclo de cero a tres años tendrá carácter educativo con requisitos mínimos y propuesta pedagógica. Para ello, el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, determinará los contenidos educativos y regulará los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que imparten esta etapa.
Educación Primaria y Secundaria
La etapa de Educación Primaria vuelve a organizarse en tres ciclos; es decir, cada dos cursos conformarán un ciclo independiente que se evaluará en conjunto al final.
Desaparece la asignatura alternativa a Religión. En su lugar se implantará de forma obligatoria la asignatura de Valores éticos y Cívicos centrada en "los derechos humanos y las virtudes cívico-democráticas". Esta asignatura se impartirá en el tercer ciclo de primaria (cursos 5º y 6º) y en 1º, 2º y 3º de secundaria.
La asignatura de Religión dejará de ser computable en los expedientes académicos de los alumnos. Esto significa que ya no contará para la nota media, ni será tenida en cuenta en la solicitud de becas. Eso sí, seguirá siendo de oferta obligatoria para los centros y optativa para los alumnos.
Como instrumento de mejora para estudiantes, se establecerán evaluaciones de diagnóstico para los alumnos de 4º de Educación Primaria y 2º de la ESO. La Ley impide expresamente utilizar estos resultados para hacer clasificaciones de centros educativos.
Con la LOMCE, al finalizar 3º de la ESO, los alumnos debía elegir si continuar formándose para iniciar el Bachillerato o hacerlo para una Formación Profesional. Dependiendo de la opción elegida, el alumno debía estudiar unas materias u otras. Con la LOMLOE se pretende hacer desaparecen los itinerarios, de manera que cualquier opción que escoja el estudiante conduzca a la obtención del mismo título de graduado en ESO.
En Primaria se establecerán medidas preventivas para evitar las repeticiones, de manera que los alumnos solo podrán repetir al final de cada ciclo. En Secundaria la repetición pasará a ser un recurso excepcional.
Tanto en Primaria como en Secundaria se establecerán programas de refuerzo para los alumnos con dificultades de aprendizaje.
En Primaria se fomentará la creatividad, el uso de las tecnologías de la información, el aprendizaje significativo y el espíritu científico.
En todas las etapas educativas se trabajará para prevenir la violencia de género y la igualdad de hombres y mujeres. Entre las medidas que se adoptarán estará impulsar el incremento de la presencia de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, así como en las enseñanzas de FP con menor demanda femenina.
Bachillerato y Formación Profesional
Con el fin de prevenir el abandono escolar, se flexibiliza el estudio del Bachillerato, de manera que aquellos alumnos que hayan suspendido dos asignaturas en el primer curso, puedan pasar a segundo con las pendientes, sin necesidad de repetir curso completo.
De manera excepcional también se permitirá cursar el Bachillerato en tres años en lugar de en dos, como hasta ahora.
Se podrá obtener el título de Bachillerato por compensación, cuando se aprueben todas las asignaturas menos una.
Se eliminan las pruebas de final de etapa o reválidas y se recupera la anterior PAU para acceder a la Universidad
Se busca una Formación Profesional más flexible, sin requisitos de edad y con programas de "segunda oportunidad" para alumnos sin título de la ESO, lo que les permitirá el acceso a cualquier enseñanza postobligatoria.
En la Formación Profesional Básica se integra la formación general y la profesional.
Se mejora el el reconocimiento social de los itinerarios formativos de Formación Profesional para aproximar a España a las tasas de alumnado que opta por esta vía en el resto de los países europeos.
Medidas para los colegios concertados
En los procesos asociados a la obtención y al mantenimiento de unidades concertadas, se priorizará a los colegios que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual.
Además, la Ley contempla que aquellos centros que separen por sexo a sus alumnos deberán justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación activa para hacer realidad la igualdad.
Otras medidas
La Ley contempla un plan de incremento del gasto público educativo hasta un mínimo del 5% del PIB.
Atención especial a la escuela rural e insular.
Se promoverá el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares.
Se pretende mejorar el sistema de admisión del alumnado y eliminar de los criterios de baremación los elementos discriminatorios derivados de la especialización de centros. Con esta medida se quiere poner fin a los "colegios gueto", evitando la segregación del alumnado por razones socioeconómicas.
El Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que en el plazo de 10 años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.
Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios.
En cuanto al contenido curricular, el Gobierno tendrá el 55% de competencias y un 65 % en el caso de las comunidades autónomas con una lengua oficial.
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Vía / Gobierno de España, Una educación para el siglo XXI
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