Diversas organizaciones han interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea contra el Ministerio de Hacienda por la interpretación que realiza la Dirección General de Tributos de la Ley del IVA, que obliga a recaudar este impuesto en actividades de carácter educativo que están exentas.
Desde el pasado noviembre, a todos los servicios de comedor escolar, aulas matinales, campamentos urbanos, colonias y actividades extraescolares que prestan diferentes empresas de ocio y tiempo libre se les aplicara un IVA del 10% (si van dirigidas a niños de menos de seis años) o el 21%, según los casos.
La aplicación del IVA comporta el encarecimiento de los servicios educativos o la pérdida de calidad. También se pone en peligro la continuidad de muchas empresas del sector
Sindicatos, organizaciones empresariales de ocio, y la Confederación de padres y madres de alumnos (CEAPA), consideran que ‘los efectos de dicha interpretación pueden llegar a ser devastadores para las economías familiares’. La principal razón es el encarecimiento de servicios de primera necesidad.
Aunque también afectaría al equilibrio y viabilidad de un sector económico que crea empleo en las franjas de población activa más castigadas por la desocupación (jóvenes y mujeres de mediana edad).
El presidente de CEAPA, Jesús Sánchez, ha subrayado que los principales perjudicados serán los más de tres millones de niños que asisten a comedores escolares en la escuela pública y concertada en España, que dispondrán de menos monitores y pueden ver cómo se recortan servicios.
Las familias se verían perjudicadas por que las empresas habrían de incrementar los precios del comedor o, por el contrario, bajar la calidad de los mismos
Además de los efectos nocivos para la economía, la interpretación de Hacienda conlleva de forma implícita, la negación del carácter educativo de unos servicios que han dejado de ser una opción alternativa, para convertirse en una necesidad familiar de máxima importancia. Constituye, por tanto, un paso atrás en el reconocimiento de la educación como un derecho social irrenunciable.
Para Julio Serrano (de la Federación de Enseñanza de CCOO), lo que supondrá esta medida será que los comedores y las actividades extraescolares pierdan su ‘carácter educativo’ y vuelvan a su antiguo papel de guarda de niños.
Una consulta de hace tres años por parte de FOESC (empresas de ocio), a la Dirección General de Tributos, pretendía determinar finalmente, que la exención es aplicable a los servicios educativos destinados a la educación de la infancia y la juventud, gestionados por las empresas del sector afectado.
Sin embargo, en opinión de los profesionales del sector, la respuesta del Gobierno, contradice tanto la ley del IVA como la Directiva Europea de referencia.
Ahora la comunidad educativa eleva su voz y solicita a las autoridades europeas que garanticen el cumplimiento en España de la Directiva Europea que establece la exención de IVA en los servicios educativos de la Infancia y Juventud, preservando el carácter de derecho social que supone la educación.
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