justicia

Las madres de alquiler, vientres de alquiler o maternidad subrogada se dan cuando una mujer acepta, por acuerdo, quedar embarazada con el objetivo de gestar y dar a luz un niño que va a ser criado por otros como si fueran sus padres. Es una maternidad por sustitución mediante un contrato de gestación.

Se trata de una situación que plantea mucho debates éticos, religiosos, psicológicos, biológicos y jurídicos y que está prohibida en la mayoría de lugares del mundo. Sin embargo, en algunos países sí se acepta legalmente la maternidad de alquiler, aunque en algunos se diferencia entre la subrogación altruista y la comercial.

La subrogación altruista o ideal se produce en el caso de familiares o amigos cercanos que se prestan a tener el hijo de la pareja que no puede hacerlo por impedimentos biológicos; en el alquiler comercial o económico entra e juego un acuerdo económico entre las partes que acuerdan.

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El Tribunal Constitucional ha dado un paso más en la defensa de la mujer trabajadora con una sentencia ejemplar que ayudará a sentar precedente.

Hasta ahora, la mujer embarazada debía poner en conocimiento a los empresarios sobre su estado para que la lay pudiese determinar en el caso de despido si existió o no lesión a un derecho fundamental.

Sin embargo, esta sentencia es novedosa pues el Tribunal cree que no era necesario que la trabajadora notificara su estado. Al momento de despedirla la mujer estaba de cuatro meses, su tripa era evidente y según comenta, todos en la empresa sabían de su embarazo.

La mujer trabajaba de administrativa en la Asociación Provincal del Metal de Badajoz. Recibió una carta de despido improcedente y acudió a la justicia para pedir la nulidad de su despido por considerarlo discriminatorio.

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Desde que en 1981 se aprobó en España la ley del divorcio más de un millón de parejas se han roto oficialmente. Aunque no existe ningún estudio riguroso que permita saber cuántas custodias compartidas se solicitan en España sin acuerdo entre los cónyuges y cuántas conceden los jueces, algunos datos apuntan que la justicia concede el 96% de las custodias a las madres.

Parece que esto va a cambiar, al menos en Cataluña, porque una ley catalana establecerá que los jueces han de otorgar de manera “preferente” la custodia compartida de los hijos cuando sus padres se separen o divorcien y no haya acuerdo.

El modelo clásico de convenio de divorcio otorga la custodia de los hijos a la madre, le atribuye el uso de la vivienda y fija una pensión de alimentos que debe abonar el padre. Y si la mujer no tiene ingresos, se le asigna una pensión compensatoria. Esta nueva ley pretende romper ese automatismo.

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En Bebés y más hemos hablado en varias ocasiones de los peligros que puede conllevar una educación permisiva durante la infancia. Ahora damos cuenta de que ese hecho de educar sin límites ni valores puede llevar a los padres ante los tribunales.

La Audiencia de Sevilla ha determinado que educar mal a los hijos es delito si éstos causan un daño a otro. Los jueces consideran que la madre de un adolescente que propinó una paliza a un compañero es responsable de esos daños y deberá pagar la reconstrucción de la boca del agredido. La razón: no haber educado de manera adecuada a su hijo.

Podemos preguntarnos cuál es la manera adecuada de educar a un hijo, y probablemente cada padre daría una respuesta diferente. Pero lo que me parece claro es que, ante una barbaridad cometida por un menor, sí se puede buscar responsabilidades en los padres.

Además, no pocas familias son las que corren este riesgo potencial de acabar sentados en el banquillo. Según un estudio realizado por un equipo de sociólogos, el 42% de los padres forma parte de “familias nominales”, es decir, núcleos familiares permisivos, donde lo que prima es que no haya conflictos y para ello no se establecen reglas ni límites.

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A principios de año conocimos el anteproyecto de la nueva Ley de Adopción Internacional que se presentó en el Consejo de Ministros, en el que se anunciaba que España prohibiría las adopciones de niños de países en conflicto o devastados por desastres naturales y tampoco se permitiría la adopción de niños que provengan de un país que carezca o tenga una autoridad precaria que no garantice una adopción en toda regla. Todo ello es por velar los intereses de los menores.

Ayer se aprobó la nueva Ley en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, y llegará con carácter de urgencia al Senado para que sea definitivamente aprobada antes de que finalice el año. Y es que no se puede dejar pasar el tiempo, como conocimos hace unos días, España es el país que realiza más adopciones.

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A través de Menéame hemos conocido una noticia sorprendente y con la que se nos han puesto los pelos de punta. Al parecer, un pedófilo fue condenado por la justicia alemana a realizar prestaciones sociales, ante la posibilidad de escoger el tipo de prestación, solicitó trabajar en una guardería y como era de esperar terminó abusando nuevamente de los niños.

Es algo que realmente no se entiende, si ya había cometido delitos pedófilos y el juez que lo juzgaba tenía perfecta constancia de ello, ¿cómo es posible que se le asignara semejante trabajo social? Dicen que fue un lamentable error, pero más que lamentable diríamos trágico, ya que ha destrozado a muchas familias y podría haber acabado con la vida de un niño.

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