Leyes

Está claro que la madre, aquella que concibió a las mellizas y las alumbró, tiene esa nacionalidad. Pero se ha encontrado con la sorpresa de que tal vez sus hijas no puedan tener la misma. La madre es una estadounidense radicada en Israel que quedó embarazada en una clínica de fertilidad gracias a esperma y óvulos donados de manera anónima.

Cuando solicitó la ciudadanía estadounidense para sus bebés, la petición fue rechazada porque la madre debía probar que los óvulos o el esperma empleados para la fertilización provinieran de ciudadanos de Estados Unidos, un hecho muy difícil por los acuerdos de confidencialidad en algunos hospitales.

El caso, a pesar de ser tan específico, pone sobre la mesa una realidad que será cada vez más frecuente y a la que tarde o temprano las leyes tendrán que adaptarse, porque vemos cómo los avances tecnológicos no siempre vienen acompañados de adaptaciones legales.

Y, ¿cómo está la ley en este sentido en Estados Unidos? La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado tiene una sección en la que explica las leyes que rigen las peticiones de nacionalidad para ciudadanos que estén pensando en utilizar técnicas de reproducción asistida.

Explica que la transmisión de ciudadanía estadounidense por nacimiento está regida por la Ley de Inmigración y Nacionalidad que obliga a los padres a tener una conexión biológica con su hijo para pedir la ciudadanía.

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Las familias españolas han tenido que hacer una nueva concesión por la crisis económica, pues, después de la pérdida de la ayuda por el nacimiento de un hijo, van a quedarse sin la ampliación del permiso de paternidad prometido por el gobierno. El permiso de paternidad no se aumentará.

La medida esperada, que ampliaba el permiso de los padres de 15 días a cuatro semanas mes, no ha sido incluída en los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Se esperaba que a partir de enero del 2011 los papás pudiera permanecer de baja 4 semanas, para acompañar a la madre en ese primer mes tan complicado, en el que se precisa ayuda y sostén organizativo y emocional para que la familia se adapte al nuevo miembro. Sin embargo, las razones económicas van a obligar a que deban esperar para poder disfrutarlo.

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Una azafata ha ganado un juicio para defender su lactancia. La madre había pedido una excedencia ante la imposibilidad de compatibilizar sus turnos de trabajo con la lactancia que quería darle a su bebé. Por ese motivo dejó de cobrar durante este tiempo pero la mujer, valientemente, decidió defender su derecho a amamantar a su hijo a pesar de las condiciones laborales.

Decidió acudir a los tribunales para que se reconociera que trabajar con largos turnos y ausentándose del domicilio hacía imposible que pudiera darle el pecho a su bebé, considerando que, ante la imposibilidad de adecuar dichos turnos a su condición de madre lactante, debía prevalecer el derecho de su hijo a recibir leche materna y que, por tanto, como indica la ley, podía pedir una baja por este motivo.

Un juez le ha dado la razón, el derecho a dar al bebé la mejor alimentación posible está por encima de las obligaciones laborales y ella tenía, efectivamente, derecho a estar de baja durante ese tiempo al no poder la empresa recolocarla en otro puesto que si hiciera posible amamantar.

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El Gobierno español ultima la nueva Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con la que pretende reforzar la lucha contra la obesidad, en tendencia ascendente en los últimos años, así como promocionar una alimentación saludable y promover la práctica habitual de actividad física.

La nueva normativa, dirigida a toda la sociedad, contempla medidas especiales dirigidas a los menores, particularmente en el ámbito escolar. Según la Encuesta Nacional de Salud, el 9,13% de niños y adolescentes tiene obesidad y el 18,48% sobrepeso. Esta alta tasa de obesidad infantil conlleva consecuencias negativas en términos de salud y esperanza de vida, aparte del impacto económico que supone para el sistema sanitario.

La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición limitará el contenido de las grasas trans en los productos alimenticios, una medida que me parecía que ya estaba tardando, a sabiendas de lo negativas que son ya que aumentan el riesgo de daños cardiovasculares.

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Mañana se dará a conocer el informe del Comité de Expertos del Gobierno que servirá de base para la nueva ley del aborto que incluye el aborto libre hasta los tres meses y medio (entre las 12 y las 14 semanas de gestación).

El grupo de trabajo que se formó en septiembre del pasado año ha realizado una revisión exhaustiva de la legislación internacional en torno a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para tomar esta determinación.

En el informe se añade la posibilidad de aborto hasta las 22 semanas en caso “de grave peligro para la vida o la salud de la embarazada y de graves anomalías físicas o psíquicas en el feto”.

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El pasado jueves 4 de diciembre sucedió en el Palacio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo que voy a relataros. Cuando los diputados entraron al recinto, cada uno se encuentra en su banco, pegado al botón con el que deben votar las leyes, una hoja de papel con el logo de La Liga de la Leche y dos bombones pegados, con una inscripción que dice: “Uno de estos bombones fue envuelto en un baño público. ¿Cual comerías?”

Nadie entiende nada, todos se miran unos a otros y preguntan quien les puso eso. Se rien. Todos son conscientes que nadie que no sea diputado o asesor parlamentario puede tener acceso a los bancos, y sin embargo ahi habia cientos de bombones desparramados por el salón. Finalmente la diputada Victoria Morales Gorleri pide la palabra, y comienza preguntando a sus colegas: “¿Ustedes comerían en un baño público? “

Su objetivo era mostrarles que los bebés que toman leche que sus madres extraen en sus lugares de trabajo habitualmente deben comer algo que se “envolvió” en un water. Las madres se encuentran con que el único lugar donde pueden extraer la leche es el baño de la oficina, el lugar más contaminado de un puesto de trabajo.

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Desde que en 1981 se aprobó en España la ley del divorcio más de un millón de parejas se han roto oficialmente. Aunque no existe ningún estudio riguroso que permita saber cuántas custodias compartidas se solicitan en España sin acuerdo entre los cónyuges y cuántas conceden los jueces, algunos datos apuntan que la justicia concede el 96% de las custodias a las madres.

Parece que esto va a cambiar, al menos en Cataluña, porque una ley catalana establecerá que los jueces han de otorgar de manera “preferente” la custodia compartida de los hijos cuando sus padres se separen o divorcien y no haya acuerdo.

El modelo clásico de convenio de divorcio otorga la custodia de los hijos a la madre, le atribuye el uso de la vivienda y fija una pensión de alimentos que debe abonar el padre. Y si la mujer no tiene ingresos, se le asigna una pensión compensatoria. Esta nueva ley pretende romper ese automatismo.

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A principios de año conocimos el anteproyecto de la nueva Ley de Adopción Internacional que se presentó en el Consejo de Ministros, en el que se anunciaba que España prohibiría las adopciones de niños de países en conflicto o devastados por desastres naturales y tampoco se permitiría la adopción de niños que provengan de un país que carezca o tenga una autoridad precaria que no garantice una adopción en toda regla. Todo ello es por velar los intereses de los menores.

Ayer se aprobó la nueva Ley en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, y llegará con carácter de urgencia al Senado para que sea definitivamente aprobada antes de que finalice el año. Y es que no se puede dejar pasar el tiempo, como conocimos hace unos días, España es el país que realiza más adopciones.

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