El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la suspensión de funciones de seis meses y 16 días que Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud impuso a una auxiliar de enfermería por consultar en 191 ocasiones el historial clínico de su hijo menor, cuya custodia no tenía, sin ningún motivo asistencial que lo justificara. Así lo cuenta cuenta la sentencia del Poder Judicial del 7 de octubre de 2026.
Los accesos se fueron sucediendo entre el 7 de diciembre de 2020 y el 16 de mayo de 2022, y para realizarlos la trabajadora utilizó tanto sus propias claves como las de compañeros de trabajo. Pero el caso viene de antes: la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV ha rechazado el recurso que ella presentó contra una sentencia de la plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz, que a su vez ya había dado por buena la sanción de Osakidetza.
Según los hechos que el juzgado dio por probados, la auxiliar reconoció los accesos y los justificó por la falta de información que tenía sobre el estado de salud del niño, ya que no tenía su custodia y el padre no le facilitaba esos datos.
Lo que alegó la trabajadora y por qué el tribunal no lo acepta
En su recurso ante el TSJPV, la sanitaria se acogió al llamado error invencible, alegando que no era consciente de que su actuación fuera ilícita. Vamos, que no sabía que estaba haciendo algo prohibido. Además, defendió que no había quedado probado que su conducta hubiera vulnerado los derechos de los pacientes ni la intimidad de su hijo, y tampoco que hubiera causado ningún daño a la institución sanitaria.
¿Y no tenía otra manera de saber cómo estaba su hijo? Pues según el tribunal, que hace suyos los argumentos del juzgado, sí. Por sus funciones, la trabajadora debía saber que en un historial clínico únicamente se puede entrar por una causa asistencial, y, como cualquier ciudadano, podía haber consultado la información sanitaria del menor a través de la Carpeta de Salud o en el Servicio de Atención al Paciente, por lo que “era innecesario acceder” a esos datos “prevaliéndose de su profesión”.
Y es que ella misma admitió en vía administrativa que no había existido ninguna relación asistencial con su hijo como paciente, y que el niño tampoco formaba parte del grupo de pacientes que tenía asignado. Para el TSJPV, eso convierte los accesos en un “comportamiento plenamente consciente, no autorizado”, realizado de forma directa o indirecta “mediante claves de otras personas”, un uso indebido que, dado el puesto de auxiliar de enfermería que ocupaba, conocía o debía conocer.
Tampoco le han servido las alegaciones sobre la ausencia de daño, ni la de que, según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), lo ocurrido no vulneraba la intimidad de su hijo. El tribunal considera que nada de eso tiene peso para estimar el recurso, porque lo que hizo sí supone, a juicio de la Sala, una “grave afectación a la Administración”, además del “incumplimiento reiterado y grave de sus obligaciones profesionales como auxiliar de enfermería”.
Dos faltas graves y una sentencia que todavía no es firme
En cuanto a la proporcionalidad, el TSJPV entiende que la suspensión no es excesiva. La sanción tiene dos partes. La primera, de seis meses y un día, se sitúa en la mitad superior del grado mínimo y tiene en cuenta que los accesos fueron reiterados y continuados, así como que la trabajadora se sirvió de medios y de terceras personas para llevarlos a cabo. La segunda, de 15 días, se le impuso en su grado mínimo por utilizar la identificación y la clave de acceso de otra persona sin que esta lo supiera.
Eso sí, la sentencia no es firme, y todavía puede recurrirse en casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Habrá que ver si la auxiliar decide llevar el caso hasta allí.
Foto | Christian Bowen
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