Los alumnos de centros públicos de Madrid que no denuncien casos de bullying serán castigados hasta con seis días de expulsión

El suicidio la semana pasada de un adolescente matriculado en un instituto público de Madrid, por posible acoso xenófobo, ha abierto de nuevo el debate sobre la violencia en las aulas.

En vistas de atajar este grave problema, la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el nuevo decreto para regular la convivencia en colegios públicos, concertados e institutos de la región.

Según el nuevo texto, los compañeros de chicos como este, deberán comunicar al personal del centro las posibles situaciones de bullying. De no hacerlo, incurrirán en una "falta grave" que implica castigos que van desde la prohibición de salir al recreo hasta la expulsión de seis días lectivos del centro.

Según explica la Consejería de Educación en el diario 'El mundo':

"Con esta normativa, el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere dar respuesta a la nueva situación social, estableciendo un marco regulador que permita a los centros escolares elaborar su propio plan de convivencia, haciendo especial hincapié en la prevención y la resolución de conflictos".

Más autonomía a los centros y graduación de faltas

Son las principales novedades que incluye el nuevo texto normativo, que sustituirá al Decreto 15/2007, de 19 de abril, marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

Según el nuevo decreto, que entrará en vigor el curso 2010-2021, la dirección de los centros podrán "elegir la forma de resolver los conflictos que consideren más adecuada". Además, ellos mismos se encargarán de designar un instructor para que "recopile la información, la traslade a los padres implicados y adopte una resolución en menos de 18 días".

Además, se reconoce explícitamente el ciberacoso y se definen como "muy graves" las acciones relacionadas con "la grabación, publicidad o difusión a través de cualquier medio o soporte de agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad educativa".

Las consecuencias para el posible ciberacosador pueden ir desde prohibirle participar en actividades extraescolares durante un periodo de tiempo, a la expulsión del centro.

El nuevo decreto también obliga a profesores y trabajadores de los centros educativos de Madrid a poner en conocimiento del equipo directivo "situaciones que presenten indicios de violencia infantil, juvenil o de género contra niños y niñas o mujeres" y a estos centros de "informar a la Fiscalía o al organismo correspondiente en función de la gravedad de los hechos".

Y un último dato: el nuevo decreto incluye, aunque no sea obligatorio denunciar si ocurre fuera del centro, "el compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso tanto dentro como fuera de las aulas".

Sin duda alguna, un gran paso adelante para evitar más casos de bullying en niños y adolescentes que pueden incluso terminar en suicidio.

Vía | El mundo

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