Actualmente, en España las mujeres tienen derecho a la baja por maternidad cuando su hijo fallece tras más de 180 días de gestación, pero la Seguridad Social les deniega la prestación que va ligada a este permiso a los papás.

Aducen que la finalidad de esta baja por el cuidado de los hijos es "procurar la corresponsabilidad entre los progenitores y la recuperación física de la madre biológica tras el parto", y que entonces, si el hijo fallece, esta corresponsabilidad no se produce (por lo que no requiere "procurarse").

Específicamente, así se establece en el propio portal de la Seguridad Social:

"En los supuestos en que el hijo nazca sin vida, con gestación de más de 6 meses, el progenitor distinto a la madre biológica no tiene derecho a la prestación de nacimiento y cuidado de menor. Sólo tendrá derecho a la prestación, en este supuesto, la madre biológica."

Pero una sentencia del juzgado de Palma acaba de reconocer el derecho de baja paternal a un padre mallorquín tras perder a su hija en la semana 32 de gestación. La sentencia es pionera en las islas (aunque en otras comunidades autónomas sí que ya hay dictámenes en esta línea).

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Derecho a la baja maternal y paternal: situación actual

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En España el permiso de maternidad tiene con carácter general una duración de 16 semanas ininterrumpidas. Este plazo se puede ampliar en algunos casos, como por ejemplo (hay más):

• Partos múltiples, en dos semanas por cada hijo a partir del segundo.

En los padres la duración de la baja es la misma que para las mamás, y actualmente, a través de la aplicación de la Ley de Igualdad, la duración del permiso de paternidad en España este 2022 es de 16 semanas, tras sucesivas mejoras en los últimos años (subió a 8 semanas en abril de 2019, a 12 semanas en enero de 2020, y a su duración actual en enero de 2021).

Para garantizar la corresponsabilidad en el cuidado del recién nacido, es obligatorio disfrutar las primeras seis semanas justo tras el nacimiento del bebé. Además los permisos son intransferibles (es decir, el padre no puede "ceder" su tiempo de permiso a la madre, ni al revés).

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El derecho a la paternidad tras el fallecimiento de un hijo

Pero, ¿qué ocurre cuando el bebé no llega a nacer, o fallece antes de nacer? Que entonces la madre sí tiene derecho a su baja por maternidad (si han transcurrido 180 días de gestación o seis meses), pero no el padre.

Aunque hay sentencias que están empezando a cambiar la tónica habitual, como ésta del juzgado de lo social número 3 de Palma, que acaba de reconocer el derecho al permiso de paternidad a un padre mallorquín cuya hija murió en la semana 32 de gestación.

Tras el parto, los padres solicitaron las pertinentes prestaciones y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se la concedió a la madre, pero se la denegó al padre apoyándose en varias normativas.

El padre reclamó por vía administrativa y la Seguridad Social aludió, para respaldar su decisión, el hecho de que no se había producido un nacimiento con vida, con lo que "no concurría la finalidad de la prestación solicitada, esto es, la de procurar la corresponsabilidad entre los progenitores y la recuperación física tras el parto".

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El juzgado finalmente admitió este derecho a la baja paternal al padre, aunque la bebé no hubiera nacido con vida, al entender que esta prestación también ha de servir para "proteger la situación familiar" en un momento de "duelo y sufrimiento".

Para emitir esta sentencia, el juzgado se ha apoyado en la Ley para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres de 2019, aludiendo lo siguiente:

"la finalidad del permiso y prestación (...) no sólo es la del cuidado del menor, en este caso, y desgraciadamente, imposible, sino también la de proteger la situación familiar en unas circunstancias de duelo y sufrimiento".

Además, la sentencia del juzgado de lo social subraya que el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores (modificado tras la aprobación de la ley de Igualdad de 2019) fija que "en el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de suspensión no se verá reducido".

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Sentencia en contra de la baja paternal tras el fallecimiento del bebé

También hay sentencias que han ido en contra de esa prestación de baja paternal a los papás que han perdido a su criatura antes de nacer. En julio de 2022, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que negó el permiso de paternidad en un caso en el que la bebé falleció unos pocos días antes del parto.

Fue en 2018 cuando una pareja de Aragón tuvo una hija que falleció unos pocos días antes del parto, después de más de 39 semanas de embarazo. La Seguridad Social sí reconoció el permiso de maternidad de la mujer pero rechazó reconocer el del hombre.

Una decisión que fue ratificada primero por un juzgado de Teruel y en segunda instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, hasta llegar al Tribunal Supremo.

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En el Tribunal Supremo, los jueces de la sala de lo social, con una magistrada en contra, entendieron que esa prestación "está pensada para repartir el cuidado del recién nacido", y que en casos como este “deja desgraciadamente de existir la necesidad de que el progenitor distinto a la madre biológica se haga corresponsable de la atención al descendiente”. Los mismos argumentos que utilizó la Seguridad Social en el caso anterior.

De este modo, y en este caso, el Supremo daría así la razón a la Seguridad Social, frente al criterio de otros juzgados y tribunales de todo el país, como el del Ministerio de Igualdad.

Una magistrada apostó por la baja para el padre

La magistrada que votó en contra de esta drástica decisión es Rosa Virolés, miembro del TS desde hace más de 15 años. Rosa emitió su voto particular a través de seis páginas, en las que apostó  por dar la razón al recurrente y reconocerle el permiso de paternidad: “Privar al demandante de la prestación, estimo que vulnera el principio de igualdad y es discriminatorio para el varón”, aseguró la magistrada.

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Hemos visto dos ejemplos de sentencias a favor y en contra de prestar la baja paternal a los padres (que no madres) en el caso de que el hijo muera antes de nacer, y cómo la Seguridad Social, el Tribunal y el Ministerio de Igualdad tienen opiniones y criterios diferentes.

Sea como sea, es importante poder discernir la parte legal de la parte emocional. Aunque las leyes deberían velar por los derechos de las personas, y esto debería incluir también sus derechos emocionales, lo cierto es que esto no siempre ocurre así.

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El dolor por la pérdida de un hijo seguramente es inexplicable, es un proceso complejo y generador de mucho sufrimiento, y no es justo que a este dolor se le sume que uno de los progenitores (en este caso, el padre), no pueda disponer de su baja paternal, una baja que le permitiría hacer su proceso de duelo como necesite, sin el estrés de saber que tiene que acudir a trabajar.

Tanto el padre como la madre acaban de vivir una pérdida que probablemente les ha roto la vida, ¿acaso no tienen derecho ambos a transitar este duelo pudiendo disponer de la baja laboral que les corresponde? Indiscutiblemente, hay una cosa más importante que las leyes (o al menos, así debería serlo), y son las personas.

Fotos | Portada (Freepik)

El complemento de maternidad de las pensiones, que fue sustituido por el de maternidad y paternidad después de que la justicia comunitaria lo considerarse discriminatorio respecto a los progenitores hombres, establecía un porcentaje de incremento en la cuantía de la pensión en función del número de hijos, tanto biológicos como adoptados: un 5% de aumento, en el caso de dos hijos, hasta un máximo del 15%, con cuatro o más descendientes.

Así, una mujer solicitó un complemento del 10% por haber tenido tres hijos, pero la Seguridad Social solo le concedió un 5% porque uno de los bebés murió poco después del parto y, y, al no haber vivido 24 horas, no tenía personalidad jurídica según fija la ley.

Recurrió y el Juzgado social número 25 de Barcelona ha establecido ahora que un niño muerto en el momento del nacimiento o cuando todavía no han transcurrido 24 horas desde el parto ha de computar a efectos de cálculo del complemento de maternidad de las pensiones.

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Según el magistrado "no tiene sentido" excluir del cómputo de hijos fallecidos en el momento del nacimiento o cuando todavía no hayan transcurrido 24 horas desde el parto, a la hora de calcular el porcentaje de incremento de la pensión en virtud de la aplicación del antiguo complemento de maternidad.

La sentencia explica su fallo teniendo en cuenta que el objetivo del complemento de la maternidad era el de establecer una "discriminación positiva para compensar a las mujeres por el hecho que supone la gestación, compensando sus perjuicios y equilibrando la llamada brecha salarial".

Esta sentencia es una forma de visualizar una realidad horrible y que, sin embargo, el bebé no tiene ni reconocimiento legal. Según el Colectivo Ronda, que promovió le recurso, "el desgraciado fallecimiento del recién nacido no puede ser ignorado pensando que no tiene impacto sobre la carrera de cotización de una persona".

"Estaríamos ignorando el impacto que ya tiene el embarazo y las especiales dificultades que puede padecer una madre para recuperarse tanto en el plano físico como, sobre todo, psíquico de una tragedia tal".

Vía | Colectivo Ronda

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En febrero os hablábamos de una sentencia pionera: una magistrada catalana, madre biológica y progenitora única, había logrado que el Consejo General del Poder Judicial le reconociera su derecho a sumar las semanas de permiso que le hubieran correspondido a un padre a las de maternidad. Hoy, podemos hablarte de una sentencia pionera en la Comunidad Valenciana que ha reconocido el derecho de una madre a disfrutar, tras dar a luz, del permiso de maternidad más ocho semanas del de paternidad de manera acumulada, la baja más larga para el cuidado de un hijo en España.

Desde luego, una buena noticia, pero en el Día de la Familia, que se celebra hoy, quiero recordar como madre en solitario, que he sido durante años, que hay que cambiar las leyes y adaptarlas a la época que vivimos: por si los legisladores y políticos no se han dado cuenta, ya no hay solo un tipo de familia compuesta de padre, madre e hijos, sino muchas otras estructuras y todas son igual de válidas. Sumar los dos permisos en las familias monoparentales, con un padre o madre de progenitor único, debería ser una norma generalizada.

Ocho semanas más del permiso de paternidad

La ley española permite transferir los permisos de maternidad o paternidad de uno a otro progenitor, excepto en caso de fallecimiento de la madre biológica.

Esta situación ha sido denunciada por discriminatoria por las familias monoparentales y reconocida por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al avalar la petición de una magistrada, madre biológica y progenitora única, de sumar las semanas de permiso que le hubieran correspondido a un padre a las de maternidad y que hoy solo se reconoce de manera separada a cada uno de los progenitores en familias biparentales.

Así que aplaudo, como un paso adelante, la resolución publicada por el Juzgado de lo Social número 16 de Valencia que condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General, a acumular el permiso de paternidad a una madre.

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Estas sentencias pioneras, en concreto, reconocen el derecho de una mujer sin pareja a disfrutar de sus 16 semanas de maternidad a las que se sumarían las 8 adicionales que le corresponderían al padre (en 2020 a los padres les correspondían 12 semanas, de las que se descontarían 4 que se deben disfrutar de manera inmediata tras el parto).

Argumentos que avalan la suma de los permisos

El sindicato de Administraciones Públicas, CSIF, explica que la demandante presentó la solicitud de maternidad en octubre de 2020 y que le fue aceptada hasta finales de enero de 2021. Después, pidió ampliar el tiempo de cuidado, ya que, al ser familia monoparental, "le corresponde un periodo total de entre 28 y 32 semanas", pero fue desestimado.

Ante esa negativa de la Administración se interpuso una demanda basándose en "la regulación de la prestación se encuentra en los artículos 177 y 178 de la Ley General de la Seguridad Social, alegando que "en caso de estimarse la demanda solo le concedan las ocho semanas adicionales del permiso, ya que las restantes cuatro han de ser inmediatamente posteriores al parto".

Señala la organización sindical que, con esta resolución los tribunales están dando la razón a las madres atendiendo a la Convención sobre los Derechos del Niño, norma que prevalecerá sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico en caso de conflicto con ellas.

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En concreto, la sentencia apunta:

“Si se deniega la prestación a la beneficiaria en los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de la igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (…) por cuanto que la atención, cuidado y desarrollo del menor afectado va a sufrir una clara merma respecto a la que van a recibir otros que en situación semejante, encuadrados dentro de un modelo familiar biparental”.

Nos quedamos con las palabras del Juzgado de lo Social 16 de Valencia relativos a "la discriminación de la Seguridad Social respecto a los hogares monoparentales, e indirectamente la mujer":

"Por el hecho de ser una familia monoparental no puede verse mermado ese tiempo de cuidado que el menor tiene garantizado por ley. No puede ser admisible la diferencia por ser familia monoparental".

Vía | Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)

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El artículo 4.1.a) de la Ley 40/2003, de Protección a las Familias Numerosas, establece que la regla general para acceder a la categoría de familia numerosa especial es tener cinco o más hijos; pero también tienen derecho a ello las familias "de cuatro hijos de los cuales al menos tres procedan de parto, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo múltiples".

Por esa razón, un matrimonio con cuatro hijos, dos parejas de gemelos, nacidos en dos partos múltiples, la solicitaron a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de Canarias, con el fin de poder acceder a las ayudas y beneficios que reporta frente a la categoría general. Se la denegaron, alegando que "el caso no encajaba en la Ley", por lo que la pareja recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le dio la razón al considerar que la norma legal era aplicable.

Lo que dice la ley sobre familias numerosas

Según la ley vigente, las familias numerosas se clasifican según el número de hijos en:

• General. Unidad familiar compuesta por tres o más hijos, o por dos hijos si uno de ellos o uno de los padres tiene discapacidad. También en caso de un progenitor viudo con dos hijos. Y es que cada hijo discapacitado o incapacitado para trabajar, computa como dos.

• Especial. Con cinco o más hijos, o con cuatro hijos, de los cuales al menos tres procedan de parto, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo múltiples.

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Por eso, el Tribunal Superior se planteaba si debía entenderse que los tres hijos necesarios para ser de categoría especial debían provenir de un único parto múltiple o pueden provenir de varios partos múltiples. Así, la sentencia establece que "no tendría ningún sentido dar un trato más favorable a un solo parto de trillizos que a dos partos de gemelos".

"A la hora de valorar las cargas familiares, las dificultades de la crianza, el esfuerzo físico y psíquico de los padres y otras circunstancias similares, dista de ser evidente que tener dos pares de gemelos sea menos gravoso que tener trillizos. Alguien podría incluso sostener que es más gravoso, porque los problemas derivados de criar varios hijos de la misma edad se repiten otra vez".

Añade que, de entrada, en dos parejas de gemelos hay cuatro hijos (más de tres) nacidos de parto múltiple: uno más del número mínimo exigido. Y señala un argumento más para reconocer la petición de la pareja con dos pares de gemelos: la exposición de motivos habla de "partos múltiples" en plural.

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Vía | Consejo General del Poder Judicial

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Cuando no se presentan complicaciones durante el embarazo y todas las pruebas prenatales son perfectas, lo lógico es pensar que le bebé nacerá sin problemas. Y eso es lo habitual. Pero no fue lo que le ocurrió a una joven madre de solo 26 años.

Había presentado un embarazo normal y sin complicaciones. En la semana 41+3 de gestación le ingresaron tras tener las primeras contracciones y le ingresaron al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El bebé nació con un peso de 3,820 gramos pero murió poco después.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha condenado al Principado y a una compañía aseguradora a indemnizar con 60.000 euros a la madre por la muerte del recién nacido al dictaminar que se produjo por una negligencia del obstetra que atendió el parto, al "usar ventosa con antelación".

Cuatro años de lucha

El trágico desenlace tuvo lugar hace cuatro años, pero la madre no dejó de luchar para que se reconociera el error que pensaba se había cobrado la vida de su hijo.

El 1 de noviembre de 2016 ingresó en el HUCA. Ese mismo día fue explorada en seis ocasiones, entre las 11 y las 22 horas y al día siguiente se la volvió a examinar a las 0,30 horas.

Un médico residente especialista en Ginecología se encargó del parto y realizó las primeras maniobras con ventosa. Pero se presentó una distocia de hombros y pidió la ayuda de una doctora que estaba de guardia. Se encargó de ayudar al bebé a nacer, aunque falleció apenas tres horas más tarde.

La madre atribuyó la muerte a la negligente actuación del propio obstetra que, según su versión, provocó la distocia de hombros al actuar con la ventosa con antelación, tuvo que buscar la ayuda de una doctora e incluso pudo tener su causa al realizar la maniobra de Kristeller que también estaba desaconsejada.

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La sentencia ha tenido en cuenta la prueba pericial judicial de un especialista en Obstetricia y Ginecología que señaló que no se esperó el tiempo descrito en los protocolos de cuatro horas con anestesia y tres horas sin ella.

El perito experto también señaló que "para la rotación ha de utilizarse un fórceps, no la ventosa que se utilizó y que es un elemento tractor".

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso.

Vía | El Comercio

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Ya hemos comentado en varias ocasiones el miedo de algunos padres a llevar a sus hijos al colegio con tantos rebrotes de coronavirus y la posibilidad de que los que aún están en etapa de infantil, no obligatoria, puedan quedarse en casa.

Ahora hemos conocido la primera decisión de un juez en este sentido. Ha sido en León, tras presentar la demanda su padre, porque su exmujer no quería llevar a su hijo al colegio por miedo al contagio. La sentencia estima que el estado de salud del menor es apto para ir a clase y que el progenitor "actúa en interés del menor".

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"Más que aprender va al colegio a socializarse"

La juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de León explica en la sentencia que ha sido "necesario atribuir la facultad de decidir" a uno de los padres, ya que fue imposible que llegasen a un acuerdo previo entre ellos.

Así, ha rechazado la intención de la madre de no llevar al colegio a su hijo. Cree que el niño es apto para ir al colegio por su estado de salud y que el derecho a la educación del niño está por encima de sus padres.

Considera que a esa edad "más que aprender va al colegio a socializarse", algo que "no puede hacerse de la misma manera con la madre y los abuelos maternos", que además "no están exentos del riesgo de contagio de la enfermedad".

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Se recoge en el escrito también que el niño "ha estado en contacto con sus primos y se ha relacionado con familiares de Madrid y Barcelona, participando en cumpleaños y reuniones familiares", por lo que el niño ha socializado sin problemas.

Sostiene la jueza que las autoridades de sanidad y educación han establecido unos protocolos que en este caso se cumplen.

Así que de ahora en adelante se deja claro que la patria potestad "se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad".

¿Estás de acuerdo con la sentencia?

Vía | Diario de León

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El camino de la paternidad es muy largo para muchas parejas, sobre todo si no logran un embarazo de manera natural y tienen que decidir si optar o no por otra alternativa, como la reproducción asistida. Por el camino surgen dudas, decepciones y tratamientos, y para afrontarlos el apoyo entre ambos es importante. Pero ¿qué ocurre si la pareja se echa atrás antes de finalizar el proceso? Este es un ejemplo de qiue la ley tiene las cosas claras.

Una pareja seguía tratamiento de reproducción asistida. Al separarse se plantearon qué hacer con sus preembriones congelados. La mujer quería destruirlos para evitar que otros dispusieran de su material genético pero el hombre abogaba por destinarlos a investigación científica.

Ante tal situación, la Audiencia de Sevilla no se ha postulado del lado de ninguno de ellos y ha decidido que se los quede la clínica de fertilidad, que podrá disponer de ellos como estime, incluso donándolos a otra madre que así lo solicite.

El hombre tiene decisión, aunque no estén casados

La Sección Segunda de la Audiencia se remite a la ley de 2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida en su sentencia para afirmar que el documento de consentimiento informado que firmaron establecía que cada dos años como máximo debían “renovar o modificar su consentimiento”. Al no haberlo hecho durante cuatro años los embriones quedan a disposición del centro médico para darles “el destino que proceda”.

La sentencia recuerda que los preembriones son el conjunto de células desde la fecundación del ovocito hasta 14 días más tarde, en que se implanta en el útero. Ese es el momento en que "se establece el inicio de la individualidad”.

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La mujer solicitó de que se hiciera una “interpretación puramente literalista del texto legal”. Eso implicaba que era ella la única que tenía derecho sobre los embriones ya que su pareja y ella no estaban casados. Pero la Audiencia estableció que no tiene “motivación razonable, particularmente en el caso de que el genitor masculino o pareja progenitora haya aportado su propio material reproductor”.

Más aun cuando ambos han tenido una relación duradera, similar al de unos cónyuges, basándose en la “tendencia legal y jurisprudencial a equiparar en múltiples aspectos el matrimonio y la pareja no casada”.

Además, dejando la situación legal de la pareja, la Audiencia justifica su decisión en el consentimiento informado que firmaron los futuros padres. Establece la sentencia que posee relevancia jurídica: vincula a la pareja con la clínica y a ellos entre sí.

La Audiencia decretó también que el hombre debe abonar a su expareja 735 euros, la mitad del coste de conservación de los embriones que ella pagó.

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Vía | Diario de Sevilla

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo acaba de hacer pública una sentencia en la que da la razón a una mujer, estableciendo que las graves lesiones que sufrió durante el parto deben ser consideradas como "accidente no laboral", y no como "enfermedad común", según lo establecido inicialmente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Esta sentencia, en la que destaca la aplicación de la 'perspectiva de género', supone un paso muy importante en la protección a la mujer, además de elevar la cuantía del subsidio recibido por la afectada.

Graves lesiones durante el parto consideradas como 'enfermedad común'

Según leemos en la sentencia 580/2020 del 2 de julio de 2020, como consecuencia del parto una mujer sufrió un desgarro obstétrico de IV grado, con rotura de mucosa recta, rotura y separación esfínteres interno y externo, además de sección traumática de tabique rectovaginal y sección de pared vaginal y colitis ulcerosa extensa.

El INSS le dio la incapacidad permanente absoluta por "enfermedad común", con derecho a percibir una cuantía de 565,63 euros al mes. La mujer, sin embargo, entendía que sus lesiones no se debían a una "enfermedad común" sino a un "accidente no laboral", y como tal recurrió.

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Pero aunque el Juzgado de lo Social núm.3 de León dictó sentencia a su favor, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó el recurso interpuesto por el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social, que seguían considerando que la incapacidad de la mujer debía tratarse como "enfermedad común" y no como un "accidente no laboral", al no existir la acción súbita externa que es propia del accidente.

"El accidente se produce por una acción súbita, violenta y externa, mientras que la enfermedad supone un deterioro psico-físico desarrollado de forma paulatina, que no obedece a una acción súbita y violenta".

"El TSJ entiende que, en el caso, se produjo, ciertamente, 'un elemento súbito y violento' (el desgarro obstétrico de IV grado sufrido) y no 'un deterioro psico-físico progresivo'. Pero el TSJ considera que el acontecimiento no puede calificarse de 'externo', en el sentido de 'ajeno a la propia persona', por lo que rechaza que la incapacidad de la recurrente en casación para la unificación de doctrina derive de accidente no laboral, sino que deriva de enfermedad común" - reconocía entonces el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Sentencias anteriores

En contraste a esta sentencia dictada, el 28 de mayo de 2013, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoció la "incapacidad permanente total derivada de accidente no laboral" a una mujer que había sufrido problemas similares durante el parto.

En dicha sentencia podía leerse lo siguiente:

"No puede existir duda alguna de que el parto normal, y las complicaciones que del mismo puede sufrir la madre quedan incardinadas a la prestación de maternidad, que ni siquiera puede calificarse de enfermedad común, ni mucho menos de accidente, pero, cuando el parto deja de ser normal y pasa a ser un parto distócico la cosa cambia"

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"A partir de ese momento, para conseguir la expulsión de manera natural del niño los servicios que atienden a la parturienta deciden utilizar fórceps, ventosa o espátulas de urgencia, y a parte de conseguir la expulsión ocasionan en la madre otras lesiones que no son los propias que se generan tras un uso normal de esos instrumentos, el proceso que sufre la madre, ni puede calificarse de maternidad, ni de enfermedad, es un auténtico accidente, que sólo admite la calificación de (no) laboral, en tanto nace a partir de una lesión corporal, sin intervención de la voluntad de quien lo provoca, y mucho menos de quien lo sufre, de forma súbita, repentina e imprevisible".

"En definitiva, es claro que el desgarro del periné en grado IV, y las limitaciones funcionales que este le ha dejado no son la consecuencia final y fatal de un previo proceso patológico desarrollado en forma paulatina y progresiva sino de la concurrencia de una causa concreta externa, repentina e imprevista, el evento analizado debe ser calificado de accidente, pues no es normal sufrir este tipo de lesiones ni secuelas"

El Tribunal Supremo da la razón a la mujer

Así pues, y tras analizar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y compararla con la dictada años antes por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo ha decidido anular el recurso y confirmar la sentencia inicial del Juzgado de lo Social, alegando que la incapacidad sufrida por la mujer no es derivada de una 'enfermedad común' sino de un 'accidente no laboral', con una interpretación de perspectiva de género.

Las razones alegadas por el Supremo han sido:

• "Lo sucedido en el parto (...) encaja mal con el concepto de enfermedad, que supone un deterioro psico-físico desarrollado de forma paulatina, que no obedece a una acción súbita y violenta, siendo esto último lo que se corresponde con el concepto de accidente. Lo ocurrido en el parto de la recurrente (...) no fue un deterioro desarrollado de forma paulatina, sino que se asemeja más a la acción súbita y violenta inherente al concepto de accidente".

• "Tampoco el parto puede asimilarse fácilmente a cualquier otra intervención hospitalaria. Estas intervenciones se encaminan a poner remedio a una amenaza, ya verificada o potencial, a la salud que no se puede identificar ni asimilar por completo a un embarazo y a un parto, que son procesos naturales no patológicos".

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• "(...) Por si la expresión de acción 'externa»' pudiera generar alguna duda, como lo ocurrido a la recurrente en el parto solo le pudo suceder por su condición de mujer, la perspectiva de género proclamada por el artículo 4 de la referida Ley Orgánica 3/2007 (LA LEY 2543/2007) refuerza la interpretación de que el hecho debe considerarse accidente no laboral y no enfermedad común, pues sólo las mujeres pueden encontrarse en una situación que no tiene parangón con ningún otro tipo de circunstancia en que la se acuda a la atención sanitaria"

Ahora, la mujer tendrá derecho a percibir una pensión de 979,54 euros al mes, debiendo el INSS abonar una pensión equivalente al 100%.

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Vía | Noticias Jurídicas

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Nadie se echa las manos a la cabeza cuando hablamos de los abuelos como cuidadores de sus nietos en muchas familias. De hecho, se han convertido en una figura familiar clave para poder conciliar trabajo e hijos. En España, uno de cada cuatro abuelos cuida cada día a sus nietos, una media de siete horas al día.

Ahora, una sentencia de una magistrada de Zaragoza podría hacer replantearse esta práctica, sobre todo cuando hay un divorcio por medio, ya que ha retirado la custodia a un padre alegando que sus hijos pasan demasiado tiempo con sus abuelos paternos:

"Y una cosa es disponer de apoyo de familiares y otra delegar por completo sus obligaciones".

Su abuelo los cuida de 7 a 19 horas

Según explica el diario Heraldo, la pareja pactó guarda y custodia compartida de sus hijos de nueve y cuatro años cuando decidieron separarse en 2016.

Desde entonces, según recoge la denuncia, han sido los abuelos paternos quienes se han encargado de los niños "en el tiempo que pasaban con su padre", así que la madre decidió solicitar al juez que le concediera la custodia individual al entender que esta situación de falta de presencia paterna estaba afectando al bienestar de los niños "en cuanto a comportamiento y rendimiento académico".

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Día de los abuelos: Gracias papás, por el cariño que dan a nuestros hijos y ser los mejores abuelos que ellos pueden tener

La madre probó mediante el informe de un detective que es el abuelo quien se encargaba de los pequeños de 7 a 19 h: los lleva al colegio y los recoge, los acompaña a las actividades extraescolares y a los cumpleaños, lo que supone, según la juez "una total delegación, sin que pueda ponerse como excusa para el ejercicio de una custodia compartida que el resto de la tarde y la noche la pasan con el progenitor".

La magistrada incluso señala que no puede entender que el padre no vaya a ver entrenar a sus hijos al fútbol y "prefiere quedarse en su domicilio".

Por eso, aunque los informes psicológicos han demostrado que existe una buena relación entre los hijos y el padre, quien incluso ha obtenido una reducción de jornada para pasar más tiempo con ellos, la jueza optó por conceder a la madre la custodia en exclusiva "en el propio interés" de los niños, que necesitan "una estabilidad".

Ayuda, pero sin abusar

No es la primera vez que un juez toma la decisión de retirar la custodia a un padre por delegar "demasiado" el cuidado de sus hijos a los abuelos.

Y en ambos casos, los magistrados alegan "incumplimiento de las responsabilidades parentales", porque no es lo mismo que nuestros padres nos ayuden conciliar, que dejar que sean ellos quien se encarguen de nuestros hijos casi siempre.

La sentencia de Zaragoza nos ayuda a reconocer hasta qué punto confiamos el cuidado de los hijos a nuestros mayores. Porque está claro, y los estudios así lo confirman también, que cuidar de sus nietos también es positivo. Y también es bueno para los niños pasar tiempo con ellos.

Esta relación de enriquecimiento mutuo, y muy positiva desde el punto de vista afectivo, prima a la hora de elegir con quién dejara nuestros hijos mientras trabajamos. Los niños encuentran en los abuelos una figura de referencia mientras que los mayores se sienten rejuvenecidos con el cariño de los pequeños. Pero hay que entender dónde están los límites.

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Los abuelos que cuidan de sus nietos viven más

La mayoría de los abuelos disfrutan enormemente de cuidar a sus nietos, pero en ocasiones pueden llegar a sentirse desbordados por el esfuerzo de cuidarles tantas horas. Tiene un nombre y se conoce como el “síndrome del abuelo esclavo”.

Pero desde luego el cuidado de los nietos debe ser un verdadero disfrute para los abuelos y no una obligación, porque los niños son responsabilidad de los padres y no debemos delegarla a nuestros mayores. Bien claro lo ha dejado la juez de Zaragoza.

Así que cuando se llega "al abuso" es momento de replanteárselo y buscar otra solución.

Vía | Heraldo

Fotos | iStock

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Compartir las fotografías de nuestros hijos en las redes sociales es una práctica habitual para mostrar a familia y amigos lo guapos que están y lo orgullosos que estamos de ellos. Pero no es todo oro lo que reluce y se nos olvida que esas imágenes, una vez que circulan por la Red pueden caer en manos poco adecuadas.

Además de que deberíamos preguntarles si realmente quieren difundirlas, porque pueden sentirse avergonzados por ellas, también debería ser una decisión unánime de los dos progenitores, y más si están divorciados.

Así lo ha decidido la Audiencia de Cantabria al estimar la petición de una mujer para que su expareja no difunda la imagen de la hija de cuatro años que tienen en común y sentencia que "la publicación de imágenes en las redes sociales debe ser autorizada por ambos padres titulares de la patria potestad" y no solo por uno de ellos.

Si no hay acuerdo, el juez decidirá

En el recurso de apelación de la madre a una sentencia dictada en primera instancia, en la que se debatían aspectos relacionados con la custodia de la pequeña, aportó dos capturas de la imagen de la menor en una red social. Solicitó que se prohibiera el uso de la imagen de la niña sin el previo consentimiento de ambos padres.

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Sharenting, o publicar fotos e información de nuestros hijos en Internet: una práctica que puede tener fatales consecuencias

El tribunal se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala:

"Siempre que no medie el consentimiento de los padres o representantes legales de los menores con la ausencia del ministerio fiscal, la difusión de cualquier imagen de éstos ha de ser reputada contraria al ordenamiento jurídico".

De esta forma la Audiencia sentencia que "en el futuro ambos padres titulares de la patria potestad deberán consentir la utilización de la imagen de la menor"

"si no fuera posible obtenerla por existir controversia, el progenitor interesado deberá acudir al juez para, en su caso, obtener la debida autorización".

Junto a ello, recuerda el tribunal que la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, establece que el consentimiento en el caso de los menores "habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del ministerio fiscal el consentimiento proyectado".

Es parte de la resolución de este tribunal al recurso presentado por la madre tras el régimen de custodia de su hija, que tiene cuatro años, fijado a su expareja, que fue condenado el pasado mayo por dos delitos de violencia de género hacia la mujer.

En la sentencia señala que la patria potestad será compartida, aunque la guardia y custodia corresponderá a la madre.

Sobreexposición de los niños en las redes sociales

Además de la parte legal de la sentencia cuando los padres están divorciados, está la necesidad de proteger al menor de los peligros que la publicación de sus imágenes.

Porque el deseo de compartir momentos entrañables o la satisfacción de mostrar las hazañas de nuestros pequeños a amigos y familiares, ha provocado que las redes sociales se llenen de fotografías y vídeos de los pequeños de la casa, incluso antes de nacer.

Este exceso de sobreexposición de nuestros hijos a los demás recibe el nombre de oversharing o sharenting y, en la mayoría de las ocasiones se produce sin permiso explícito por parte del niño. Puede conllevar peligros como el ciberacoso, grooming, suplantación de identidad, robo de datos u otros delitos relacionados con internet.

Según las estadísticas, al cumplir los seis meses el 81% de los bebés ya tiene presencia en Internet, y en sus cinco primeros años de vida habrá 1.000 fotografías suyas circulando por la red. Además, un 5% de los niños menores de dos años cuenta con un perfil en redes sociales creado por sus padres.

En la mayoría de las ocasiones los padres no piden permiso a sus hijos para compartir material audiovisual o información sobre ellos. Por eso, no es de extrañar que algunos adolescentes hayan denunciado a sus padres por considerar que las fotos publicadas les han avergonzado.

Vía | El diario montañés

Fotos | iStock

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