Pese a haber entrado en vigor el 29 de septiembre de 2023, la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales todavía plantea un mar de dudas a quienes tenemos animales. Son muchas las personas confundidas con lo que pueden o no pueden hacer, con riesgo a ser sancionadas con multas que van desde 500 y a los 200.000 euros.

¿En qué quedó el seguro obligatorio, puedo dejar a mi perro atado en la calle? ¿Qué pasa si mi perra queda embarazada? Bebés y más ha hablado con Amparo Requena, miembro de INTERcids, asociación de operadores jurídicos por los animales, quien nos ha aclarado todas las dudas.

La jurista especialista en derecho animal nos explica que la nueva ley está a la espera de desarrollo reglamentario, por lo que aún quedan muchos aspectos que recoge por determinar y desarrollar en los futuros reglamentos. Le hemos preguntado sobre los puntos más importantes de la ley que afectan en el día a día.

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¿Puedo dejar a mi perro atado en la calle?

La ley 7/2023 en su art 27, d) habla de la "prohibición de mantenerlos atados o deambulando en espacios públicos sin la supervisión presencial de la persona responsable de su cuidado y comportamiento".

Esta prohibición está en vigor y pueden multarte por una infracción leve que va desde los 500 euros (250 euros por pronto pago) a los 10.000 euros. Es importante destacar la puntualización de "sin supervisión presencial", señala la experta. Esta prohibición hace referencia, efectivamente, a que no puedes dejar el perro atado por ejemplo en la puerta de un local, sin supervisión presencial.

Es decir, que si el animal está en todo momento a la vista de su responsable y a escasa distancia, se estaría cumpliendo con la supervisión exigida. Hay que tener en cuenta que esta prohibición va orientada a que un animal en esas circunstancias es totalmente vulnerable, no sólo por la posibilidad de que lo puedan robar, sino por la propia integridad del animal, que por lo general se quedará en una situación de estrés, puede ser agredido por otro perro, etc.

¿Puedo dejar a mi perro y/o a mi gato solo en casa?

Tal prohibición se encuentra recogida en el art 27, i) de la ley y en principio, tal mandato legal, está en vigor. Hay que recordar que también según la ley, quien asume la responsabilidad de tener a su cargo un animal de compañía tiene que asumir todas las obligaciones de cuidado según sus necesidades por especie. Se entiende que ningún perro tiene que estar solo 24h por sus necesidades físicas y un gato, pese a ser más flexible, tampoco puede quedarse solo, sin supervisión más de tres días.

La ley recoge, en su art 73, que se considerará una infracción leve por ser una conducta que, por acción u omisión y sin provocar daños físicos ni alteraciones del comportamiento del animal, conlleva la inobservancia de prohibiciones, cuidados y obligaciones; y por tanto la sanción, en un principio puede ser apercibimiento y posteriormente llevar aparejada una sanción de entre 500 y 10.000 euros.

¿Qué pasa si mi perra se queda embarazada?

En primer lugar, hay que recordar que la ley dispone que los propietarios de animales deberán en general tomar medidas para evitar la reproducción incontrolada de sus animales, señala Amparo Requena.

Aunque se trate de cría puntual y no comercial, es obligatorio estar inscrito en el Registro de Criadores que prevé la Ley. Si no se ha registrado, se podrá sancionar como una infracción leve (apercibimiento o entre 500 y 10.000 euros); si se está registrado no hay sanción, pero hay un control sobre las crías. Ahora bien, de momento este Registro de Criadores no se ha creado (también está a la espera de desarrollo reglamentario) por lo que aún no puede exigirse esta obligación.

¿Es obligatorio hacer un curso de formación y contratar un seguro obligatorio para perros? ¿En qué han quedado?

Tanto el curso de formación, como el seguro obligatorio para perros está previsto en la Ley, pero a expensas del desarrollo reglamentario que establezca el contenido del curso (aunque se prevé que sea gratuito y pueda hacerse online) y las coberturas que tenga que establecer el seguro (es posible que muchos seguros de hogar ya tengan la cobertura exigible).

¿Puedo ir con mi perro a la playa?

En principio, y pese a que la Ley de Costas no prohíbe la presencia de perros en las playas ni delega competencias en los ayuntamientos, muchos de ellos, por medio de sus ordenanzas municipales prohíben el acceso a determinadas playas.

Ello viene motivado porque, increíblemente, el distintivo de bandera azul (establecido por una asociación internacional privada) condiciona la concesión de la bandera, entre otros requisitos, a que no se permita el disfrute de la playa por los perros.

Es algo que debería eliminarse en la actualidad ya que tal y como promueve la Ley en su art 29.7, hay que fomentar el acceso a los animales en las playas para el disfrute de las mismas como parte de la unidad familiar.

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¿Qué otras medidas de la Ley han quedado en el limbo?

Se han quedado bastantes conceptos a la espera de los desarrollos reglamentarios, como todos los registros de listados positivos de animales, los registros de entidades de protección animal o protocolos para situaciones de emergencia, entre otros.

En resumidas cuentas, señala la experta, "nadie nos obliga a tener un animal de compañía, pero cuando se adquiere el compromiso, estás obligado a proporcionarle todos los cuidados y atenciones que requiera según la raza y la especie; si, por circunstancias muy extremas, no puedes, hay que buscar una opción ética y lo menos lesiva para el animal, que nunca entenderá que su vida se desmorone al perder a su familia”.

En un artículo reciente explicamos las nuevas obligaciones para aquellos que tienen animales en casa, con la llegada de la nueva Ley de bienestar animal.

Pero, al contrario de lo que se pensaba y de lo que se difundió en redes, y tal y como anuncia el Gobierno, no será de momento obligatorio que los perros tengan seguro de responsabilidad civil ni que sus dueños deban realizar el curso de formación pertinente.

Solo será obligatorio si tu perro pertenece a una de las razas de perros potencialmente peligrosas (PPP), según establece el Real Decreto 287/2002 en su Artículo 3, apartado 1 – E. Recordemos que este seguro brinda cobertura frente a daños físicos y materiales ocasionados por el perro a otras personas.

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La obligación del seguro de responsabilidad civil aún no puede aplicarse

La Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece en su artículo 30 dos obligaciones en relación a la tenencia de perros:

1. Que las personas que opten a ser titulares de perros "deberán acreditar la realización de un curso de formación" que será "gratuito".
2. La contratación de un "seguro de responsabilidad civil por daños a terceros" que tendrá que estar en vigor "durante toda la vida del animal".

Sin embargo, estos dos puntos aún no son de obligado cumplimiento. La norma de tener seguro para perros entra en vigor el 29 de septiembre, con la entrada en vigor de la Ley de bienestar animal, sí, pero la obligación de contratarlo no se aplicará hasta que el Gobierno apruebe el reglamento que desarrolla estos preceptos.

Un comunicado que lo aclara

Así lo aclara un comunicado de la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En él se explica que la aplicación de estos preceptos de la ley depende de un reglamento que no está aprobado.

Concretamente, el director general del Ministerio correspondiente, Sergio García Torres, explica que, aunque tener un seguro para todo tipo de perros sería obligatorio a partir del viernes, día 29, "en puridad de términos jurídicos no resulta efectivamente aplicable hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de dicho precepto, de conformidad con lo dispuesto en el mismo".

En el comunicado también exponen lo siguiente:

Que el seguro de responsabilidad civil, el curso de tenencia responsable y el listado positivo de animales "requieren de desarrollo reglamentario".

Y desde el departamento que dirige Ione Belarra, aclaran para VerificaRTVE que "cualquier cuestión que necesite un desarrollo reglamentario no va a entrar en vigor de manera inmediata el próximo 29 de septiembre". Explicitan que "se pospone la entrada en vigor de estos artículos al momento en el que se apruebe" este reglamento.

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Ventajas de contratar un seguro para tu perro

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Sin embargo, aunque de momento no sea obligatorio, sí es recomendable tener contratado un seguro de responsabilidad civil para nuestros perros, porque es algo que nos ofrece seguridad económica y tranquilidad.

Según informan nuestros compañeros de Coco y Maya, encontramos una serie de situaciones en las que nos podríamos beneficiar especialmente de contratar un seguro:

• Si convivimos con un perro grande o mediano con un carácter activo, un seguro de responsabilidad civil o de accidentes puede ahorrarnos un disgusto económico.
• Si se produce una situación tensa o un accidente jugando con otros perros en el parque o con otras personas, produciéndose un mordisco o una pelea entre los perros.
• Si tenemos un perro con algún problema de conducta (por ejemplo, que se muestre reactivo a otros perros o a niños). Además de utilizar correa y bozal siempre que sea necesario por seguridad, un seguro de accidentes puede ahorrarnos algo de dinero si se produce cualquier incidente.
• También si tenemos perros de tamaño pequeño y tranquilos (ya que este tipo de problemáticas pueden producirse, aunque los daños en principio sean menores; así, un seguro también nos da cierta tranquilidad y cobertura).

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Debido a los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que las elecciones generales se adelantarán al 23 de julio.

La Ley establece que las Cortes deben disolverse con 45 días de antelación a la celebración de los comicios, es decir, este martes. Esto implica que el Congreso y el Senado cesen su actividad habitual, y decenas de leyes que están en proceso de tramitación quedarán paralizadas.

Algunas, como la Ley de Familias impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales han quedado a un paso de ver la luz.

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Se aprueba la Ley de Familias: así quedan los tres nuevos permisos para cuidados

Queda paralizada la Ley de Familias y con ella los nuevos permisos parentales

La Ley de Familias era la norma estrella del Ministerio de Ione Belarra. Incluía tres permisos permisos parentales para facilitar la conciliación familiar y el cuidado de hijos y familiares a cargo de los padres y madres trabajadores:

• Permiso retribuido de cinco días al año para atender a un familiar hasta segundo grado (padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos) o a un conviviente, con o sin relación de parentesco.
• Permiso retribuido de cuatro días al año para urgencias o imprevistos.
• Permiso parental de hasta ocho semanas, no retribuido, para disfrutar de manera continua o discontinua y a tiempo parcial o completo hasta que el hijo cumpliera los 8 años.

La Ley traía también una ayuda de 100 euros para madres trabajadoras o en paro con hijos menores de 3 años, así como la equiparación de nuevas categorías de familias al estatus de las numerosas y la desaparición del título de "familia numerosa", algo que no había sentado nada bien a este colectivo.

Tras muchos meses de preparación, la Ley de Familias había sido aprobada en Consejo de Ministros el pasado 28 de marzo y se había remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación por vía urgente. Pero la iniciativa llevaba semanas bloqueada al no contar con los apoyos necesarios para su tramitación. Además de la oposición de PP y Vox, ERC, PNV, EH Bildu y PDeCAT también habían manifestado su rechazo porque consideraban que invadía competencias autonómicas.

Una vez celebradas las elecciones generales y constituidas de nuevo las Cortes, las leyes que se quedan ahora en el limbo podrían ser 'rescatadas' e iniciar desde cero la tramitación de todas ellas.

Otras leyes que ya no se aprobarán con el adelanto electoral

Pero la Ley de Familias no es la única perjudicada. En total, son más de 60 las leyes que se paralizarán, 25 de ellas en vigor mediante decreto ley, otras ocho impulsadas por el Gobierno, y alrededor de una treintena de proposiciones presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

Estas son algunas de las normas que no verán la luz:

• Ley del olvido oncológico. Hace apenas unas semanas, Sánchez se había comprometido a que esta ley entrara en vigor a partir del mes de junio, pero ya no será así.
• Ley de Salud Mental
• Ley de la ELA. Esta proposición de ley fue presentada por Ciudadanos para garantizar el derecho a una vida digna de los pacientes que sufren ELA. En el plazo de un año, el Gobierno bloqueó su tramitación hasta en 37 ocasiones y finalmente, ya no podrá ver la luz.
• Ley Darias. Llamada así por la exministra de Sanidad Carolina Darias que fue quien la impulsó, esta Ley pretendía consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.
• Ley de enseñanzas artísticas. Esta Ley recogía medidas para equiparar a los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores con los universitarios. Se encontraba en proceso de tramitación en el Senado por la vía urgente, pero queda paralizada.
• Ley de paridad. Recientemente aprobada y pendiente de su tramitación parlamentaria, la Ley de Paridad tampoco se hará realidad. Esta Ley pretendía garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en órganos de decisión.
• Medidas anticrisis. También estaban pendientes ayudas frente a la inflación, ayudas fiscales para la factura de la luz o rebaja del IVA de los alimentos.

Sí ha dado tiempo a ser aprobadas la Reforma de la Ley del aborto y la Ley Trans, que entraron en vigor el 2 de marzo.

Este martes 28 de marzo el Consejo de Ministros aprobará la Ley de Familias que amplía el concepto de familia numerosa -que dejarán de llamarse así- equipara los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios y crea nuevos permisos para el cuidado de hijos y familiares.

La ley se remitirá al Congreso de los Diputados, donde se solicitará su tramitación por la vía de urgencia. Te contamos sus puntos claves y cómo quedan los tres nuevos permisos para cuidados.

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Los tres permisos para cuidados de la Ley de familias

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Para garantizar el derecho a la conciliación, la ley crea tres permisos de cuidados que finalmente quedan así:

1. Permiso por cuidado de cinco días

Los trabajadores podrán disfrutar de cinco días al año retribuidos para atender a un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o conviviente, en los siguientes casos:

• Accidente o enfermedad grave.
• Hospitalización.
• Intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo.

Hasta la fecha, solo había un permiso retribuido de dos días por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar.

2. Permiso de cuatro días por imprevistos

Los trabajadores también podrán disfrutar de cuatro días destinados a  atender a un familiar que requiera atención inmediata (en casos de urgencias, imprevistos...). El permiso lo podrán disfrutar por horas, es decir, no hace falta disfrutarse por días completos.

3. Permiso parental de ocho semanas

Los padres o las madres de hijos menores de ocho años (y hasta que el menor cumpla los ocho) podrán disfrutar de un permiso de hasta ocho semanas de forma continua o discontinua. Sin embargo, este permiso no será remunerado.

El permiso puede ser una muy buena ayuda para las familias en periodos no lectivos de clase o durante la adaptación en las escuelas infantiles de 0 a 3 años.

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Familias con mayores necesidades de apoyo en la crianza

A través de la Ley de Familias se crea también la denominación "Familias con mayores necesidades de apoyo en la crianza", que sustituye el nombre de "familias numerosas", en la que se incluyen:

• Las familias numerosas.
• Las familias monomarentales con dos hijos.
• Las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad.
• Las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos.
• Las familias con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión.

Y en la categoría especial de este grupo pasan a formar parte las familias que hasta ahora eran consideradas numerosas de categoría general, como:

• Aquellas con cuatro hijos (en vez de cinco como hasta el momento).
• Las familias con tres hijos en caso de parto múltiple (en vez de cuatro como en la actualidad).
• Las familias con tres hijos y bajos ingresos (hasta el 150% del IPREM).

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Otras medidas relevantes de la Ley de Familias

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• Extensión de la renta de crianza de 100 euros al mes. Esta ayuda sólo la cobraban las madres trabajadoras con hijos de 0 a 3 años; ahora también podrán podrán beneficiarse las madres que estén percibiendo una prestación por desempleo, contributiva o no y también a las que, sin reunir los requisitos previamente, coticen 30 días a partir del parto.
• LGTBI, discapacidad, familias adoptivas... La ley genera un nuevo marco de reconocimiento y protección para las familias LGTBI, con algún miembro con discapacidad, familias múltiples, reconstituidas, adoptivas o acogedoras.
• Familias múltiples. Estas familias serán consideradas como colectivo de especial protección, y los hijos de parejas no casadas podrán ser inscritos en el registro por el progenitor no gestante.
• Equiparación de derechos en matrimonios y parejas de hecho. Las parejas de hecho tendrán acceso a los 15 días de permiso por registro equiparables al matrimonio.
• PIN parental. Queda fuera el "pin parental" que impedía que los menores accedieran a contenidos sobre diversidad familiar en los centros educativos.

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Previsiblemente, el Consejo de Ministros aprobará hoy la llamada ley trans, que lleva por nombre 'Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI'.

La ley trans ha sido una de las propuestas estrella del Ministerio de Igualdad esta legislatura, y también es una de las normas que más debate y polémica ha generado entre los distintos grupos parlamentarios y feministas.

Te resumimos a continuación cuáles son sus principales puntos.

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¿Qué es la Ley trans? Principales claves

El anteproyecto de la ley trans fue llevado por primera vez al Consejo de Ministros en junio de 2021 y aprobado en una segunda vuelta al año siguiente. Hoy se terminará de tramitar en el Congreso de Ministros, tras haber superado numerosas discrepancias entre los socios de Gobierno e importantes escollos, como la oposición de una parte del movimiento feminista.

El objetivo de esta ley es establecer políticas públicas que defiendan los derechos y promuevan la igualdad de las personas LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales).

Para ello se incluyen medidas de ámbito administrativo, laboral, sanitario, educativo, cultural y social. En el Capítulo II sección 8, se contemplan medidas específicas para el ámbito de la familia LGTBI, niños y jóvenes.

Cambio de sexo en el DNI y Registro Civil a partir de los 12 años. Una persona podrá cambiar su identidad de género en el Registro Civil y DNI solo con su voluntad, sin que se le exija -como ocurría hasta ahora- un informe médico o psicológico.

Este cambio puede realizarse a partir de los 12 años y hasta los 14 mediante autorización judicial, entre los 14 y los 16 años con el acompañamiento de los padres o representantes legales, y a partir de los 16 sin ningún requisito (Artículo 38).

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Los menores de edad podrán cambiar su nombre en el Registro Civil según el género con el que se identifiquen. Las personas trans menores de edad, hayan iniciado o no el procedimiento de rectificación de la mención relativa al sexo, podrán solicitar su cambio de nombre en el Registro Civil por razones de identidad sexual (Artículo 43).

También tienen derecho a ser tratados conforme a dicho nombre en todas las actividades que se desarrollen en el ámbito educativo (Artículo 55).

Los bebés intersexuales podrán ser inscritos sin la mención del sexo. Si el parte médico indica la condición intersexual de un recién nacido, a la hora de inscribirle los progenitores podrán solicitar que la mención del sexo figure en blanco por el plazo máximo de un año. Transcurrido el plazo máximo de un año, la mención del sexo será obligatoria y su inscripción habrá de ser solicitada por las personas progenitoras. (Artículo 71.2).

Las personas intersexuales son aquellas que presentan unas características biológicas, anatómicas o fisiológicas o un patrón cromosómico que no se corresponden con las nociones socialmente establecidas de los cuerpos masculinos o femeninos.

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Prácticas de modificación genital a partir de los 12 años. Entre los 12 y los 16 años se podrán llevar a cabo prácticas de modificación genital si el menor lo solicita y siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas.

En los menores de 12 años se prohíben estas practicas salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario (Artículo 19.2).

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Formación específica del personal sanitario para que sea capaz de ofrecer una atención integral y de calidad, basada en la especialización, proximidad y no segregación, desde un enfoque despatologizador (Artículo 53).

Prohibición de terapias de conversión. La terapias de conversión son aquellas prácticas (sesiones psicológicas, métodos, tratamientos, programas...) que tienen como objetivo modificar la orientación sexual de una persona, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. Con la nueva ley trans, estas terapias son consideradas infracciones muy graves y serán sancionadas (Artículo 17).

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Las parejas de lesbianas ya no tendrán que casarse para filiar a los hijos. Hasta ahora, cuando una pareja de mujeres lesbianas tenía un hijo sin estar casadas, la única opción era que la progenitora no gestante lo adoptara. Con la nueva ley se contempla el derecho a la filiación sin necesidad de contraer matrimonio, como sucede con las parejas heterosexuales (Artículo 108)

Acceso a la reproducción asistida por la Seguridad Social. Se garantiza el acceso a técnicas de reproducción asistida a través del Sistema Nacional de Salud a las mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja en condiciones de igualdad con el resto de mujeres, así como a personas trans con capacidad de gestar (Artículo 16.2).

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Asimismo, antes del inicio de cualquier tratamiento que pudiera comprometer la capacidad reproductora de una persona, se podrá acceder a técnicas de congelación de tejido gonadal y de células reproductivas para su futura recuperación en las mismas condiciones (Artículo 19.3)

Diversidad LGTBI en el ámbito educativo. Educación incluirá entre los aspectos básicos del currículo de las distintas etapas educativas el principio de igualdad y no discriminación, y el conocimiento y respeto de la diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI (Artículo 20.1)

Asimismo, se fomentará el respeto a la identidad sexual con material didáctico y se introducirán también referentes positivos LGTBI en todos los niveles de estudios y de acuerdo con las materias y edades (Artículo 23).

Los profesores deberán estar formados en materia de diversidad sexual, con el objetivo de fomentar entre los alumnos el respeto a los derechos y libertades del colectivo LGTBI y detectar de forma precoz algún indicativo de maltrato en el ámbito familiar por motivo de orientación sexual, identidad o expresión de género (Artículo 22).

Tras su tramitación en el Senado, hoy se aprueba definitivamente en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsada por el MInisterio de Igualdad que devolverá a las menores de 16 y 17 años el derecho a abortar sin consentimiento paterno.

Se trata de una reforma de la ley del aborto aprobada en 2010, que regula el acceso libre a la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas, exigiendo que la mujer haya sido informada "sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad" y que haya transcurrido un plazo de tres días de reflexión. Esta es una de las principales reformas.

También regula el aborto hasta la semana 22 cuando "que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" o "exista riesgo de graves anomalías en el feto" y a partir de la semana 22 dos supuestos excepcionales: "cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida" o "una enfermedad extremadamente grave e incurable y así lo confirme un comité ético". Todos los plazos se mantienen.

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Principales claves de la reforma de la Ley del Aborto de 2023

Tras la reforma, estas son las principales claves que se incluye en la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Las mujeres podrán interrumpir voluntariamente el embarazo a partir de los 16 años. Se elimina el requisito que obligaba a las menores de 16 y 17 años contar con el consentimiento de los padres, tutores o representantes legales, introducida en 2015 por el PP.

En centros sanitarios públicos. Los centros públicos deberán organizar sus servicios para garantizar la prestación del aborto en todas las provincias. Las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán hacerlo en el centro público hospitalario más cercano a su domicilio "para que no tengan que desplazarse, a veces cientos de kilómetros, como ahora ocurre en muchas comunidades autónomas", ha dicho la ministra de igualdad Irene Montero.

Se elimina el periodo de reflexión de tres días y la entrega obligatoria de información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad no será obligatoria. Se hará únicamente si ellas lo solicitan.

Se creará un registro de objetores de conciencia en cada Comunidad Autónoma. Los médicos que se declaren objetores no podrán practicar abortos tampoco en la sanidad privada. Para evitar que las mujeres sean derivadas a clínicas privadas.

Evita prácticas que pretendan condicionar la decisión de la mujer. Esta ha sido la última modificación introducida en el Senado. Se quiere "garantizar el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de esta ley y, especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo" con "la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente".

Derechos reproductivos de las personas trans. La ley amplía los derechos reproductivos a todas las "personas trans con capacidad de gestar", es decir a quienes hayan cambiado su sexo pero hayan mantenido su aparato reproductor femenino.

Baja por reglas dolorosas. La reforma de la ley establece el derecho a la baja de tres días bajo supervisión médica, con capacidad de ampliarla a cinco días por reglas dolorosas incapacitantes (dolores intensos, calambres, cólicos, náuseas, mareos y vómitos).

Permiso tras un aborto (espontáneo o no). La reforma de la ley recoge también el derecho a la incapacidad temporal tras un aborto, ya sea natural (o espontáneo) o voluntario, hasta su recuperación.

Permiso preparto retribuido a partir de la semana 39. Es un derecho a la incapacidad temporal desde el primer día de la semana 39 de embarazo, independiente a la baja por maternidad de 16 semanas, a la que las madres pueden acogerse tras dar a luz.

La píldora del día después será de acceso gratuito en los centros de salud y en los futuros centros públicos de atención especializada en derechos sexuales y reproductivos, y tendrá que estar disponible en todas las farmacias.

Anticonceptivos gratuitos en centros educativos y penitenciarios. Se repartirán métodos anticonceptivos en institutos en el marco de campañas de educación sexual, centros que ofrecen servicios sociales así como en centros penitenciarios. La Seguridad Social financiará el coste de las píldoras anticonceptivas de última generación.

Entrega gratuita de productos de higiene femenina. Los centros educativos, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales y las prisiones deberán ofrecer de forma gratuita los productos de higiene necesarios para la menstruación (tampones, compresas, copas menstruales). Todas las dependencias de los organismos públicos irán incorporando progresivamente esta medida.

Vientres de alquiler. La nueva norma prohíbe la publicidad de las agencias que ofrecen este tipo de servicios, con sanciones para los medios de comunicación que incluyan sus anuncios.

Ayer supimos que el aborto podría volver a ser ilegal en EEUU, casi 50 años después. Esto nos ha llevado a repasar la situación actual en esta materia en los países de América Latina, sus condiciones, prohibiciones y supuestos.

Las leyes del aborto varían en función de cada país.

En Europa, por ejemplo, la mayoría de los países tienen una legislación permisiva en cuanto al aborto precoz, aunque hay algunas excepciones. España, por su parte, permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación y hasta la 22 si existe riesgo para la vida o salud de la madre, o anomalías en el feto.

Pero si echamos un vistazo al continente americano la situación es muy distinta. Tanto es así, que en algunos países de América Latina está totalmente prohibido abortar, y la mujer que no puede o quiere seguir adelante con su embarazo se ve obligada a interrumpirlo de forma clandestina, poniendo en grave riesgo su salud y su vida y enfrentándose a penas de cárcel muy duras.

Repasamos cómo está legislado el aborto en Latinoamérica.

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Las leyes sobre el aborto en América Latina

Mapa de la situación del aborto en el mundo, vía reproductiverights.org

Colombia, el país con el plazo más largo para abortar

Según fuentes consultadas, Colombia se ha sumado recientemente a la despenalización del aborto hasta las 24 semanas, convirtiéndose en el país latinoamericano con el periodo gestacional más amplio para interrumpir el embarazo.

Países donde el aborto es libre en las primeras semanas

A finales de 2020 Argentina despenalizó el aborto hasta la semana 14 de gestación. Hasta ese momento, el aborto en el país no estaba permitido salvo en caso de violación o peligro para la salud de la madre.

Según podemos leer en este artículo, desde el año 2012 en Uruguay es legal abortar durante las primeras 12 semanas de gestación, si bien la mujer debe pasar previamente por varias reuniones con psicólogos, médicos y asistente social, además de un periodo de reflexión.

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También hasta las 12 semanas se puede abortar de forma libre en la isla de Cuba; un derecho que las mujeres adquirieron en 1965.

Por su parte, en Guyana el aborto está permitido hasta la semana ocho de gestación, mientras que en Guayana Francesa el plazo se amplía hasta la semana 12.

México, permitido en todo el país en caso de violación y sin condición en algunos Estados

Foto de Amina Filkins (Pexels)

En México la situación es algo más compleja, pues varía dependiendo del la legislación de cada Estado. No obstante, en todo el país es legal interrumpir el embarazo en caso de violación, aunque algunos territorios establecen requisitos como interponer una denuncia o fijar un plazo máximo.

En Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz el aborto es libre y sin ninguna condición antes de las 12 semanas. Por su parte, en 2021 la Suprema Corte de Justicia de México emitió una decisión sin precedentes, reconociendo por unanimidad el derecho constitucional a abortar de forma segura, legal y gratuita durante la primera etapa del embarazo.

Esta decisión, que inicialmente ha obligado a cambiar el Código Penal del Estado de Coahuila, ha creado un precedente judicial que abre el camino a la despenalización del aborto en otros estados de México en los que se considera delito.

Países en los que el aborto está prohibido, con algunas salvedades

Hay otros países con legislaciones restrictivas en los que el aborto solo está permitido cuando la vida o salud de la mujer corre peligro. Es el caso de Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica.

En febrero de este año, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un proyecto de ley que contempla que la mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas puedan interrumpir la gestación hasta las 12 semanas, y excepcionalmente hasta las 18 en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural.

También Brasil y Chile contemplan los supuestos de violación e inviabilidad del feto para poder abortar antes de las 12 semanas de gestación. En el caso de Chile, la aprobación de estos supuestos en el año 2017 supuso un importante avance para las mujeres, pues antes de esa fecha el aborto estaba completamente prohibido en el país.

En Panamá se incorpora también el supuesto de daño fetal, mientras que en Bolivia la ley incluye explícitamente los supuestos de salud mental materna, violación e incesto.

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Países en los que el aborto está totalmente prohibido

Foto de MART PRODUCTION en Pexels

La interrupción voluntaria del embarazo está completamente prohibida en los códigos penales de los países de El Salvador, Jamaica, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití.

De todos estos países se considera que El Salvador es el que tiene las leyes más duras, pues las mujeres pueden llegar a enfrentarse a penas de cárcel de hasta 30 años por abortar, e incluso ser procesadas penalmente si sufren una pérdida involuntaria de su embarazo.

Por su parte, Honduras agregó recientemente a su Constitución la prohibición de abortar, de manera que será muy difícil que se pueda legalizar este procedimiento en un futuro.

Según una filtración sin precedentes publicada por el portal Politico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estaría a punto de ilegalizar el aborto. El borrador al que ha accedido confirma la votación de la mayoría de sus miembros a favor de anular la sentencia 'Roe contra Wade', el fallo que reconoció por primera vez el derecho de las mujeres al aborto "hasta que el feto sea viable", y a raíz del cual se legalizó el aborto en ese país en 1973.

Esto supone, de confirmarse, y si no hay cambios posteriores, que el aborto podría volver a ser ilegal en Estados Unidos, casi cincuenta años después.

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El Supremo podría ilegalizar el aborto

El juez firmante del documento es el conservador Samuel Alito quien afirma que "Roe versus Wade fue atrozmente erróneo desde el primer momento". Junto a él, otros cuatro jueces habrían votado a favor de la derogación, frente a tres magistrados que habrían votado en contra.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, la máxima instancia judicial del país, está compuesto por nueve magistrados: seis conservadores y tres liberales.

En el fallo Alito asegura que "la Constitución no hace referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional". Y añade: "Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes del pueblo… Eso es lo que exigen la Constitución y el estado de derecho".

¿Qué pasará entonces?

De confirmarse la filtración, si finalmente se anula la sentencia "Roe contra Wade" por parte de la mayoría de los magistrados, y ninguno cambia de opinión, algo que podría saberse en el mes de junio, Estados Unidos volverá a la situación anterior al fallo de 1973, es decir, cada estado sería libre de decidir si permite el aborto o lo prohíbe.

De los 50 estados, prácticamente la mitad podría ilegalizar el aborto, entre ellos los estados de Mississippi, Texas, Arizona o Alabama. Según The New York Times, se espera que más de 20 estados prohíban o restrinjan considerablemente el aborto en todas las etapas del embarazo.

Texas es uno de los estados más restrictivos con el aborto. El año pasado aprobó la controvertida "ley del latido" según la cual a la sexta semana -cuando muchas mujeres no saben aún que están embarazadas- ya se podía detectar el latido del feto, impidiendo el aborto. Y más allá ha ido Idaho, premiando con hasta 20 mil dólares a quienes denuncien a la clínica o al médico que ayude a abortar a una mujer. En Oklahoma, por su parte, un proyecto de ley prohíbe el aborto incluso en caso de violación o incesto.

Tras conocer la filtración del borrador de la sentencia que pretende ilegalizar el aborto en Estados Unidos, varias personas se han manifestado frente a la Corte Suprema en Washington.

De confirmarse, sería un gran paso atrás en torno a los derechos reproductivos de las mujeres estadounidenses.

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El caso "Roe contra Wade"

El caso "Roe contra Wade" es un caso judicial del año 1973, por el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de una mujer embarazada para elegir abortar sin excesivas restricciones gubernamentales.

Roe era el seudónimo de Norma McCorvey, una madre soltera de Dallas (Texas) quien decidió demandar en 1970 al fiscal de la ciudad, Henry Wade, porque había quedado embarazada de su tercer hijo y quería abortar, pero era ilegal según las leyes del estado de Texas donde ella vivía. Alegaba que las leyes de aborto de Texas eran inconstitucionales.

En enero de 1973, la sentencia del Tribunal Supremo, con siete votos contra dos, dictaminó que el "derecho a la intimidad" presente en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege el derecho de una mujer embarazada a elegir si quiere o no abortar. Pero también dictaminó que este derecho no es absoluto, y que debe sopesarse con los intereses del gobierno en la protección de la salud de la mujer y la protección de la vida prenatal.

Pero la sentencia llegó tarde. Roe dio a luz a esa niña y posteriormente la dio en adopción, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres.

La división de opiniones en torno al caso y el derecho al aborto creó grandes debates legales y morales, que aún a día de hoy siguen siendo motivo de polémica en ese país, y en el resto del mundo.

El 29 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el nuevo currículo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con el que se pretende potenciar la capacidad de razonar, la lógica y el pensamiento, y dejar poco a poco a un lado la mera memorización en el aprendizaje.

Se trata de una serie de medidas centradas también en luchar contra las altas tasas de abandono escolar temprano y de repetición en España, lo que supone un 9%, frente a la media de la OCDE que es del 1,9%.

Hablamos sobre dos de sus medidas clave y reflexionamos sobre cuestiones relacionadas con sus beneficios y sus inconvenientes.

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Se eliminan las notas numéricas y se puede pasar de curso con suspensos

Dos de las medidas que más polémica han generado son: la eliminación de las notas numéricas del 1 al 10 (ahora las notas se clasificarán en: insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente) y el hecho de poder pasar de curso sin límite de suspensos.

Y con ello, desaparecen los exámenes de recuperación de junio y septiembre, por lo que los alumnos que tengan asignaturas suspendidas podrán pasar de curso siempre y cuando tengan el visto bueno del claustro de profesores.

Pero, ¿cuándo se pondrá en marcha todo esto? Según ha matizado el Gobierno, este nuevo Real Decreto se empezará a aplicar en dos turnos:

• En primero y tercero de la ESO en el curso escolar 2022-2023.
• En segundo y cuarto de la ESO en el curso escolar 2023-2024.

Analizamos los pros y contras de estos dos cambios centrales en la educación.

Beneficios de no tener notas numéricas

Según algunos expertos, la calificación numérica no es tan objetiva como parece, ya que no señala si el alumno ha progresado y no indica qué debe hacer el alumno para avanzar.

Tan solo "etiqueta", categoriza. Por ello, eliminar estas notas numéricas podría resultar beneficioso para el alumno y, más concretamente, para su evaluación.

Y en esta línea, podemos cuestionarnos, o preguntarnos, realmente qué significan los números: ¿qué significa tener un 6 en matemáticas? ¿Y un 8 en sociales? ¿Indican estas notas lo que puede hacer, y lo que no, cada alumno? En realidad, no.

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Un número: ¿algo tan objetivo como parece?

Así, la nota numérica en realidad no es suficientemente objetiva, aunque hablemos de un "número", ya que no matiza la evolución del alumno.

Encasillar al alumno

Además, la nota numérica podría discriminar al alumno y encasillarlo, cosa que es más difícil que ocurra con notas cualitativas.

Inconvenientes de no tener notas numéricas

Aunque las notas numéricas no sean tan objetivas como deberían, tampoco podemos obviar que estas, y según otros profesionales, podrían generar dificultades a la hora de evaluar con precisión, ya que en el rango del 1 al 10, existen más matices que en el rango de insuficiente a sobresaliente, sobre todo si incluimos decimales.

Por otro lado, las notas numéricas son muy "visuales", en el sentido de que los adolescentes de la ESO rápidamente saben dónde se sitúa su rendimiento académico (que no conocimiento o aprendizaje real) si obtienen un 4, un 5, un 6...

Es decir, les facilita el saber si tienen que estudiar más o menos para aprobar, por ejemplo.

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¿Qué deben indicar o aportar las notas?

Otra cuestión importante sobre la que reflexionar es aquello que están indicando las notas; y es que, idealmente, estas deberían reflejar el progreso del alumno, pero también otros aspectos como su motivación o el tipo de aprendizaje que adquiere (¿es realmente significativo?).

Esta evaluación también debería incluir información de carácter cualitativo (más allá de si hablamos de un "8" o de un "suficiente"), sobre los aspectos en los que debe mejorar el alumno, y estrategias para ayudarle a lograrlo.

Es decir, aportaciones que puedan beneficiarle en su aprendizaje, y no limitarle.

Incluir otros aspectos en la evaluación

Rafael Feito, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, considera que “la evaluación debería reflejar bastantes aspectos. [...] el alumno agradece que se tengan en cuenta más cosas”.

Lo ideal sería incluir otros aspectos en la evaluación de cada adolescente (porque cada uno de ello es un mundo) y que, además, el alumno supiera siempre qué se está valorando de él. Ser muy claros con esto y como profesores, hacérselo saber a ellos.

La evaluación en el instituto: algo integral

En definitiva, la evaluación debería ir más allá de la nota de un examen o una asignatura, tanto si es numérica como si es cualitativa.

Así, deberían evaluarse otros aspectos, también importantes para el desarrollo del alumno, como:

• Su estilo de aprendizaje.
• Su socialización (como se relaciona con sus iguales, con los profesores u otros adultos, etc.).
• Su proceso madurativo.
• Sus fortalezas y dificultades.
• Etc.

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Pasar de curso sin límite de suspensos

Y por otro lado, otra medida que incluye esta nueva ley es que los alumnos podrán pasar de curso sin límite de suspensos, si así lo aprueba el claustro de profesores. Pero, ¿qué pros y contras tiene esta medida?

Pros

Por un lado, esto puede hacer que los alumnos se sientan menos presionados a la hora de "aprobar", y esto puede facilitar que enfoquen los estudios de otra forma, como por ejemplo, como una forma de aprender y disfrutar mientras lo hacen (la motivación intrínseca), sin pensar tanto en el resultado final.

Y todo esto es difícil de conseguir con tanta presión que reciben muchas veces por aprobar y sacar notas altas.

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Contras

Sin embargo, esta medida también tiene su contra. Y es que puede hacer que según qué alumnos se esfuercen menos a la hora de estudiar, al pensar que, si suspenden, pueden igualmente pasar de curso.

Así, la exigencia académica se reduce, lo que puede hacer que ciertos alumnos abandonen antes de intentarlo, confiando en ese "pasar de curso con suspensos", independientemente de si son dos, tres o cuatro asignaturas las no superadas.

"Los niños son como cemento fresco, cualquier cosa que caiga sobre ellos deja una huella."

-Haim Ginott-

El Congreso de los Diputados ha aprobado ayer el proyecto de 'Ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia', conocida como 'Ley Rhodes', cuya tramitación se vio interrumpida con el estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

Queda ahora su paso por el Senado, pero como el trámite es de urgencia, la ley puede estar publicada en el Boletín Oficial del Estado en junio. Entre las novedades más destacadas, la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos más graves contra menores.

Una normativa muy esperada

Las organizaciones de infancia llevan años reclamando esta ley. El Comité de Derechos del Niño dela ONU, recomendó a España en 2010 que aprobara una norma que protegiera de forma integral a la infancia, y en 2017 todos los partidos votaron una proposición no de ley que instaba al Ejecutivo a legislar de forma urgente. El anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia fue aprobado en Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 2018 y después quedó pendiente con el anuncio de elecciones generales en 2019.

Con la formación del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, las ONG de infancia pidieron al Ejecutivo que no retrasara la aprobación de esta ley que ha sido consultada y trabajada con las organizaciones.

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Conocida como 'la Ley Rhodes', recibe su nombre de James Rhodes, un pianista inglés afincado desde 2017 en España y que sufrió abusos sexuales por parte de un profesor de educación física durante su infancia.

En los últimos años se ha convertido en un gran embajador en la lucha por erradicar la violencia, los abusos durante la infancia y la adolescencia, tras enviar una carta a Pedro Sánchez ofreciéndose para trabajar conjuntamente en la lucha por los derechos de la infancia. El presidente del Gobierno aceptó su oferta y después de casi dos años la nueva ley sale a la luz, bautizada con su nombre.

Principales claves de la nueva Ley de la Infancia y Adolescencia

• Será deber de todos denunciar "de forma inmediata" la existencia de indicios de violencia ejercida sobre menores.

• Todos los colegios tendrán que contar con una nueva figura: coordinador de bienestar y protección, encargado de velar porque se cumplan los protocolos obligatorios de actuación en los centros frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia.

• El cónyuge y los familiares cercanos del agresor sí tendrán la obligación de denunciar cuando se trate de un delito grave contra una persona menor de edad, eliminando así una excepción habitual de la legislación.

• El deber de comunicación se extiende también a los contenidos en Internet que “constituyan una forma de violencia o abuso” contra los menores.

• Se regula también el canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar una adecuada protección del derecho fundamental a la protección de datos personales y la rápida retirada de Internet los contenidos que atenten gravemente contra el mismo.

• Se crearán unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y una jurisdicción específica para estos delitos.

• Se dará formación especializada a jueces y fiscales para proteger a los niños y niñas de la violencia. Además, se obliga a los jueces de instrucción a recurrir a la prueba preconstituida cuando la víctima tenga menos de 14 años. Con esto se pretende evitar la denominada victimización secundaria, para que el menor o persona con discapacidad no se vea expuesta a narrar de forma reiterada a lo largo del procedimiento penal los hechos traumáticos que ha sufrido o presenciado.

• Aparecerá la figura del trabajador o trabajadora social sanitario, que "contribuirá a una mejor atención en los servicios de salud de aquellos, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia".

• Los centros de menores deberán fijar protocolos de prevención obligatorios, con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de menores.

• Se creará un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia. Tener antecedentes registrados en este nuevo registro, será causa objetiva de despido en actividades que requieran contacto habitual con niños y adolescentes.

• Para ampliar las garantías en las actividades relacionadas con menores, será obligatorio que "todos los trabajadores y trabajadoras, por cuenta propia o ajena, tanto del sector público como del privado, así como a las personas voluntarias”, acrediten no haber cometido delitos contra la libertad sexual.

• Se contemplarán nuevos tipos delictivos a través de la tecnología, que puedan provocar graves riesgos para la vida y la integridad, así como una gran alarma social. Así, se castigará a quienes, a través de estos medios digitales, promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad, así como la comisión de delitos de naturaleza sexual contra estas.

• La nueva ley prohibirá la publicidad que pueda provocar en los menores "conductas violentas" o que incluyan estereotipos sexistas, racistas, estéticos o de "carácter homofóbico o transfóbico".

• Se atribuye la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos menores de edad a ambos progenitores, o autorización judicial para el traslado del menor, con independencia de la medida que se haya adoptado en relación a su guarda o custodia, salvo suspensión o privación de la potestad o atribución exclusiva de dicha facultad a uno de los progenitores.

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Aumento de las penas por delitos contra menores

• El plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido los 30 años. Actualmente, el plazo de prescripción de los delitos de abusos a menores empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre cinco y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

A pesar del aumento, las asociaciones de víctimas de abusos lo consideran insuficiente y han reclamado que el plazo empiece a contar cuando la víctima cumpla 50 años o incluso que el delito no prescriba.

• Se elimina el perdón de la víctima menor como causa de extinción de la responsabilidad criminal.

• Se contemplan penas de hasta cuatro años por promover, fomentar o incitar al suicidio de personas menores de edad o personas con discapacidad a través de internet, y de hasta tres años si se trata de incitar a la autolesión o a consumir e ingerir productos que supongan un riesgo de salud para las personas.

• La ley Rhodes, incluirá que la inhabilitación para actividades que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad, será de entre tres y cinco años que se suman a la duración de la pena de cárcel. No obstante, podría ser de hasta diez años cuando no ha existido prisión.

• Se añadirá una “pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta”, en casos de trata de seres humanos, castigada con la pena de cinco a ocho años de prisión.

• Los penados por homicidio o por asesinato serán castigados con la privación de la patria potestad, cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o cuando la víctima fuera hijo del asesino.

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